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Opinión

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Cambio climático en México, ¿quién le teme a los cisnes verdes?

¿Quién dijo que la vida es justa y que los cisnes verdes se le aparecen a quien más lo merece? América Latina Produce 6.4% del PIB Global y es responsable de 8.4% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI), pero sufre de forma desproporcionada las consecuencias del cambio climático. En esta región ocurrieron 17.1% de los 11,933 sucesos meteorológicos extremos relacionados con el clima que se registraron en el mundo entre 1980 y 2022. Los datos son parte de un estudio subtitulado Hacía una Transición Verde y Justa, patrocinado por diversas instituciones: OCDE, Cepal, CAF y la Comisión Europea. 

¿Quién dijo que ser más vulnerable implica estar más preocupado? México es el país de la región Latinoamericana y del Caribe que ha tenido más sucesos meteorológicos extremos en las últimas cuatro décadas. Es uno de los 12 países del mundo que tiene más riesgos relacionados con el cambio climático. Esto no obsta para que los ciudadanos de México ocupen el noveno lugar en América Latina en una tabla que muestra los más preocupados/conscientes por los riesgos que implica el cambio climático, según un estudio demoscópico hecho por la Lloyds Register Foundation. A la pregunta de si consideran el cambio climático una amenaza grave para su país en los próximo 20 años, un poco menos de 70% de los mexicanos considero que sí. Los más preocupados son los chilenos, donde casi 90% contestó afirmativamente. 

¿Por qué deberíamos preocuparnos? Del 2001 a la fecha son 2.6 sucesos meteorológicos extremos por año en México. Eran 1.6 sucesos por año, entre 1980 y 2000. A este ritmo, serán cerca de cuatro por año en la próxima década. Estamos hablando de catástrofes naturales que afectan a más de 100,000 personas, causa un mínimo de 1,000 muertes o conlleva daños económicos estimados en al menos 2% del PIB. Aquí caben tormentas, sequías, inundaciones y corrimientos de tierras.

México puede hacer más. Con esto no quiero decir enviar delegaciones más numerosas a las cumbres globales como la que ahora ocurre en Egipto. Tampoco es un asunto de ocurrencias. El miércoles, en comisiones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para que en el 2040 sólo circulen vehículos eléctricos en la capital. Digo ocurrencias porque se trata de una propuesta en la que no se presenta un estudio detallado de cuánto costaría la medida o cómo se financiaría, quién pagaría qué y qué pasará con los vehículos de combustión interna de cientos de miles de familias capitalinas.

México ha consagrado en el artículo 4 de la Constitución el Derecho a un medio ambiente sano; tiene una Ley General de Cambio Climático que mandata la reducción de emisiones para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y cuenta, además, con una Ley de Transición Energética, que obliga a reducir las emisiones del sector energía. Con todo lo anterior, México es el único país del G 20 que no tiene fecha para lograr el “net zero”, este se refiere a la situación en el que los GEI de la actividad humana se compensan con la reducción de emisiones. El dióxido de carbono se sigue generando, pero un monto similar es removido de la atmósfera.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no parece sufrir ni acongojarse por los rezagos medioambientales en este sexenio. Por eso, es importante que alguien haga la tarea en México. Este es el caso de Iniciativa Climática de México, una organización ciudadana que dirige Adrián Fernández. Presentó una propuesta con 88 medidas que permitirían reducir las emisiones. El mayor esfuerzo correspondería al sector energético, 22 medidas para Electricidad y 19 para petróleo y gas; en segundo lugar, está la industria y luego el transporte.

El trabajo de ICM, firmado por Luisa Sierra, Jorge Villarreal y Adrián Fernández propone entre otras cosas la salida total del combustóleo en esta década; implementar NOM para vehículos que permitan reducir emisiones; promover la economía circular en insumos como el papel y el acero; incluir a las mipymes en acciones de eficiencia energética e incrementar la superficie de tierras forestales.

Para lograr una mitigación muy significativa, se requeriría invertir 105,000 millones de dólares, de aquí al 2030, según el estudio de ICM. Los beneficios serían de 19,000 millones de dólares anuales. El costo de no actuar sería enorme, incalculable ¿Qué creen que pasará? Ahí vienen los cisnes verdes. ¿Los ven, los oyen?

lmgonzalez@eleconomista.com.mx

Licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara. Estudió el Master de Periodismo en El País, en la Universidad Autónoma de Madrid en 1994, y una especialización en periodismo económico en la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del diario PÚBLICO de Guadalajara, y ha trabajado en los periódicos Siglo 21 y Milenio. Se ha especializado en periodismo económico y en periodismo de investigación, y ha realizado estancias profesionales en Cinco Días de Madrid y San Antonio Express News, de San Antonio, Texas.

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