¿Cuál reforma fiscal?

Obviamente ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República iba a mencionar la necesidad apremiante de una reforma fiscal en el próximo sexenio. Cuando uno quiere ganar votos, es una tontería hablar de cobrar más impuestos. Pero los tres saben perfectamente, aunque el equipo de Claudia Sheinbaum insiste en que no será necesario, que el Estado mexicano necesita cobrar más impuestos y eso sólo se puede hacer con una reforma fiscal.

El mundo de los últimos 30 años, donde los ingresos petroleros podían compensar ingresos tributarios tan bajos, se acabó. De acuerdo a los últimos datos publicados en los Pre-Criterios Generales de Política Económica (PCGPE) para 2025, los ingresos tributarios —los impuestos— en 2023 representaron 14.2% del PIB, de los cuales 0.6% vinieron de el IEPS a las gasolinas, 7.9% de ISR, 3.9% de IVA y el resto de otros impuestos especiales. El argumento de que esta cifra ha subido en esta administración por las mejoras al SAT es exagerado, los ingresos tributarios pasaron de 12.7% en 2017 a 14.2 por ciento. Un punto y medio es muy bueno, pero no es la solución. En los ingresos totales hay que sumar los no tributarios y los de organismos y empresas —como 4.3% del PIB el año pasado— y los ingresos petroleros —derechos sobre el petróleo de los mexicanos, no de Pemex— para llegar a los ingresos presupuestarios que fueron 22.2% del PIB en 2023.

En la OCDE somos el país por mucho que menos recauda e incluso países como Brasil Chile o Colombia están muy por encima de nosotros. Esta situación es a todas luces insostenible. El aumento en gasto por pensiones, servicios de deuda y programas sociales hacen indispensable una reforma fiscal en los próximos 3-4 años.

¿Qué alternativas tenemos para aumentar la recaudación? Todas son imperfectas e implican costos y retos, pero son las que hay.

La propuesta mas vieja es gravar alimentos y medicinas con IVA. Este sería un impuesto al consumo generalizado prácticamente ineludible. Sería relativamente sencillo de implementar, pero afectaría a las familias más pobres de forma desproporcionada.

Otra propuesta que ha ganado tracción últimamente es aumentar y federalizar el predial. Según la OCDE, sólo recaudamos 0.3% del PIB, debajo de Chile (1.22%), Colombia (1.53%) y el promedio de la OCDE de 1.9 por ciento. Hoy el predial lo cobran municipios y la CDMX. El monto impuesto depende del registro de los valores catastrales, que la gran mayoría de los municipios no puede actualizar, y de la capacidad de cobro de estos, casi siempre nula. Teóricamente funciona ya que permitiría gravar la riqueza, pero tiene muchos obstáculos políticos y operativos. Adicionalmente, el predial es por naturaleza un impuesto local. La gente paga impuestos sobre su propiedad para su entorno, su calle, su municipio. La idea de federalizarlo y aumentarlo enfrentará sin duda muchas resistencias.

Aumentar las tasas de ISR a estas alturas no sería una buena idea ya que las tasas marginales de personas físicas y morales a la par de otros países y aumentarlas más allá tendría efectos negativos sobre la competitividad.

Por el momento, estas son las opciones que hay. Quizá surjan más hacia adelante, pero todas tendrán sus ventajas y sus desventajas. Como es un hecho que los recursos no van a alcanzar y será necesario aumentar la recaudación tributaria, ahora que está de moda plantear preguntas para debates, ésta debería ser la principal. Seguir escondiendo la cabeza pensando que no es necesario es la receta perfecta para una tragedia.