Derechos a plenitud

El INE promueve la protección de los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad y su plena inclusión en la sociedad para que se desarrollen en condiciones de igualdad y dignidad. El proceso electoral recientemente concluido registra un paso más en esa dirección, no sólo para alentar su participación en el ejercicio del voto sino para incorporarlos como funcionarios en las mesas directivas de casilla que cuentan los votos de los electores.

Las normas establecidas por los ordenamientos nacionales e internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y los derechos protegidos y tutelados por la Constitución y las leyes concomitantes, así como los organismos defensores de derechos humanos y de prevención contra la discriminación, nos permiten ver que ha sido largo y arduo el camino del reconocimiento. La meta siempre será alcanzable mientras sea visible.

¿Qué es lo que debe ser visible? Las personas y su discapacidad, sobre todo para entender que ésta no debe ser impedimento para que aquéllas logren una vida plena. En términos del físico Stephen Hawking, la discapacidad por muy severa que sea no debe impedir alcanzar las metas que nos proponemos ni tener una vida familiar feliz. Y ello es posible si tomamos en cuenta el modelo de sociedad sin discriminación. Para no discriminar, hay que conocer los tipos de discapacidad que viven algunas personas: auditiva, motora, visual, psicosocial e intelectual.

Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011, realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, más de 1,000 millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad, esto es, 15% de la población mundial. En México, el Censo de Población y Vivienda 2010 reportó que las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739,270, lo que representa 5.1% de la población total.

En el Informe ejecutivo ciudadanía con discapacidad e integración de mesas directivas de casilla, elaborado por la UNAM para el INE (septiembre del 2015), se dio a conocer que en las tareas de capacitación electoral persistían ciertas formas de discriminación indirecta, tanto por la interpretación de las disposiciones legales como por los obstáculos que subjetivamente representan dichas condiciones. Las recomendaciones fueron variadas para implementar lenguaje incluyente y material de capacitación adecuado para que las personas con discapacidad pudieran integrarse como funcionarios de casilla.

En el proceso electoral 2017-2018 se instalaron más de 156,000 casillas en todo el país, para lo cual requería de 1.4 millones de personas para fungir como funcionarios de casilla; el INE incorporó como funcionarios a 1,356 personas con discapacidad, de las cuales 782 tenían una discapacidad física, 201 visual, 167 auditiva, 98 intelectual, 63 mental y 45 alguna relativa al lenguaje. Con ello el INE reconoció el derecho humano de las personas con discapacidad para no ser discriminados en las tareas de participación democrática y de ser integrados en las casillas como funcionarios.

Las personas con discapacidad, que según el Registro Federal de Electores estuvieron en condiciones de ejercer su derecho de voto en este 2018, fueron poco más de 25,000. De ellas 7,968 tenían discapacidad motriz, 6,053 visual, 2,137 auditiva, 682 del habla, 675 de comprensión del lenguaje, 2,375 mental y 5,138 tenían más de una discapacidad.

Con ello se reconoció y promovió el respeto de los derechos humanos de estas personas con algún tipo de discapacidad, tanto para que pudieran votar como para ser parte de las mesas directivas de casillas. Son pasos modestos, pero que harán camino en esa meta que nos hemos propuesto: lograr una sociedad sin discriminación.

*El autor es consejero del INE.

Twitter: @MarcoBanos