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El impuesto oculto
Exijamos a los próximos candidatos medidas específicas para garantizar nuestra libertad económica a través de propuestas que en los cómos realmente sean viables y apunten en la dirección correcta.
Los mexicanos nos hemos mal acostumbrado a que la clase política decide y nosotros simplemente acatamos. Nos buscan y dan la cara en época electoral cuando quieren nuestro voto pero una vez en el poder, la mayoría se olvida, hacen lo que quieren e incluso cuando les proponemos o exigimos se molestan o simplemente nos ignoran.
Constantemente somos muchos quienes advertimos los riesgos que supone la irresponsabilidad en el manejo de la economía y las finanzas públicas. Aunque cada día hay más ojos puestos en ellos, aún necesitamos construir mecanismos que nos permitan seguir más de cerca, exigir cuentas y sobre todo lograr que haya consecuencias ante el robo, la ineptitud y las malas decisiones.
Una de las noticias que más deberían movernos para profundizar la exigencia al gobierno por el mal manejo de las finanzas públicas, específicamente el gasto irresponsable, es la desgracia que supone haber cerrado el 2017 con una de las peores inflaciones en los últimos 17 años, alcanzando 6.77 por ciento. El problema es que la inflación es algo que todos padecemos y sentimos pero no nos hacemos las preguntas más grandes.
En pocas palabras, la inflación es el aumento generalizado de precios, un impuesto oculto desde el gobierno hacia los ciudadanos en el que el gobierno aumenta su liquidez a expensas de los ahorros de los ciudadanos. La estimación es que esta alza ha tenido un efecto directo en 9 millones de hogares mexicanos, lo cual resulta inaceptable.
Según el INEGI, la canasta básica se elevó 9.61% en el 2017 y la inflación encareció la vida a casi 30% de los hogares en México. Con el cinismo que caracteriza a muchas dependencias de gobierno, la Secretaría de Economía afirma que los precios se estabilizarán porque las alzas son temporales. Claro, siempre que un gobierno tenga malas políticas y gaste mal, esas temporalidades afectan a millones de familias mexicanas. Casualmente no había ocurrido a este nivel desde hace 17 años.
La pérdida del poder adquisitivo contradice los discursos del gobierno y la defensa de las reformas que, si bien eran necesarias para detonar sectores estratégicos del país, no se han traducido en una mejora evidente en el ingreso y nivel de vida de millones de mexicanos.
Exijamos a los próximos candidatos medidas específicas para garantizar nuestra libertad económica a través de propuestas que en los cómos realmente sean viables y apunten en la dirección correcta. Todo lo demás es demagogia.