Elecciones 2024: Las bases del triunfo (parte 2 de 2)

El nuevo sistema político morenista: riesgos y oportunidades

¿Quién paga la cuenta del bienestar? No el gobierno, ningún gobierno de hecho. Las políticas públicas impulsadas por cualquier gobernante descansan para su ejecución en los recursos que la sociedad genera al crear riqueza mediante el trabajo de todos, sean empresarios o empleados, de la que el gobierno toma una porción a título de impuestos para destinarla al bien común.

Menos aún en el caso de incrementos al salario mínimo. El gobierno los decreta, pero son las empresas las que los sufragan, incluso si tales aumentos salariales llevan a subir precios. En el caso de salario mínimo, se trata frecuentemente de mipymes, cuya productividad no suele ser elevada. En última instancia, son recursos provenientes de lo que los consumidores gastan.

Un modelo fiscal conservador. Por paradójico que parezca, el ascenso de la nueva izquierda en varios países y la consecuente ampliación del gasto social, ha radicado en una política fiscal conservadora que deja intacto el esquema de beneficios impositivos a los muy ricos, tanto por un tope a la tasa máxima de impuesto que aplica para ingresos que corresponden realmente a clases medias, como por la posibilidad de múltiples exenciones a altos ingresos personales y de empresas.

Esto ha sido señalado por el destacado economista Thomas Piketty en “Capital e Ideología”, cuyos hallazgos, que sería necesario ponderar para el caso mexicano, aportan, sin embargo, algunas líneas de análisis:

• Desde los años 80 del siglo pasado, el aumento de ingresos de los deciles más bajos ha sido acompañado por un aumento todavía mayor en el decil más alto y, sobre todo, en el 1% superior, mientras el ingreso de clases medias se ha estancado.
• Tras las reformas tatcheriana y reaganiana que redujo considerablemente las tasas impositivas para los ingresos más altos, el peso proporcionalmente mayor de la recaudación impositiva recae en las clases medias.

En México, aún más conservador, jamás ha existido un esquema de tasas impositivas especiales para los ingresos muy elevados (el 1% más rico). Esta política ha sido igual, sin importar qué partido haya gobernado, desde el siglo pasado y en el presente.

Tampoco se percibe en México intención política alguna de promover impuestos a herencias o propiedad de elevadas cuantías, por los que Piketty propugna.

Al margen de estas potenciales tres nuevas fuentes de recaudación (a ingresos, herencias o patrimonios elevados) el marco fiscal hoy existente en México admite lo que la organización Fundar califica de “privilegios fiscales” en su Análisis del Paquete Económico 2024 y que permiten a contribuyentes de altos ingresos dejar de aportar por concepto de ISR un monto que estima en 1.4% del PIB.

Nace un sistema. En el proto sistema político morenista pueden apreciarse ya elementos que apuntan a un potencial desarrollo de largo plazo. Si tomamos como referente somero el modelo “AGIL” de Parsons, observamos componentes estructurales de orden político, en autoridades ejecutivas y legislativas con objetivos de beneficio social específicos (salarios, programas sociales) y fuerza para concretarlos; también de orden económico, a partir de recursos fiscales organizados y canalizados para lograr los objetivos planteados; jurídico, en el entramado de disposiciones constitucionales y legales que lo enmarcan, y de tipo cultural en la narrativa propuesta por la autoridad y con un grado alto de aceptación y vinculación de la ciudadanía a los valores (premisas, derechos, etc.) involucrados.

Disímiles de sexenios anteriores, los programas sociales en el del Presidente López Obrador han tenido características especiales, tanto cuantitativas por la elevación del gasto, como cualitativas por la construcción de una narrativa de justicia social, resultantes en diferencias no solo de grado sino de orden respecto de lo hecho en el pasado.

Reto inmediato: Subsistencia. El éxito presente de Morena no garantiza su permanencia en el mediano y largo plazos, para lo que deberá buscar la consolidación del sistema político incipiente que ha creado en solo seis años.

Ello es así porque depender únicamente de la política social (programas) hará perenemente inestable tal sistema debido a su fragilidad ante fenómenos macroeconómicos internos o crisis económicas internacionales, en relación con las cuales México, como economía periférica, es altamente vulnerable.

De esta manera, el riesgo inmediato para el incipiente sistema político morenista estriba en una eventual falta de recursos fiscales. Por ejemplo, de 2018 a 2024 el presupuesto pasó de 5.61 a 9.0 billones de pesos, crecimiento real, descontando inflación, de 20.5%; el déficit presupuestal se elevó de 0.5 a 1.73 billones, para un crecimiento real de 158.5%, lo que supone nueva deuda por este monto; en tanto el costo financiero de la deuda total (intereses y comisiones) subió de 0.65 a 1.26 billones, 53.3% de crecimiento real (Centro de Investigación Presupuestaria con datos de SHCP, 2023).

Por lo anterior, puede decirse que los programas sociales están asentados en suelo arenoso y potencialmente sísmico.

Dejar de entregar los apoyos sociales podría llevar a una súbita caída de este nuevo sistema en lo electoral, por implosión de la base ciudadana de apoyo. Una crisis financiera interna o externa lo detonaría.

En este sentido, sería solo racional que el nuevo gobierno morenista procediera a una reorganización de los programas, evitando dispendio, desviación y, sobre todo, uso innecesario, como es entregar apoyos sociales a deciles de alto ingreso, que no los requieren en estricto, a más de no hacer sentido político ni económico. Tales recursos deberían ser canalizados a los deciles más pobres. Por ejemplo, Coneval (2023) indica que entre 2018 y 2020 las familias del decil más pobre que reciben al menos apoyo de un programa social bajaron de 1.9 a 1.2 millones, en tanto las del decil más rico subieron de 0.4 a 0.9 millones.

Además, no debería obviarse el análisis de una posible reforma fiscal, al menos para ampliar la base de contribuyentes, sin descartar gravámenes al 1%, conforme a propuestas de Piketty, Oxfam y otros. Esto resulta obligado ante la baja recaudación fiscal crónica de nuestro país, en comparación con economías de desarrollo alto y medio. Mientras el gasto público de México, como porcentaje del PIB, fue del 28.53% en 2022, en Colombia, Argentina y Brasil fue de 34.06%, 37.28% y 46.38%, respectivamente; en tanto España, Dinamarca y Estados Unidos destinaron 47.11%, 44.89% y 36.26%, respectivamente (FMI, 2024).

Reto mediato: Permanencia. Hacia el futuro el nuevo sistema político morenista debe plantearse su desarrollo perdurable mediante la diversificación de los beneficios sociales demandados por la ciudadanía. Es decir, no limitarse ni contentarse con el subsistema de transferencias sociales impulsado en este sexenio, sino avanzar en la creación de otros subsistemas, como pudieran ser los de salud, educación, vivienda, infraestructura, etc.

Es el tipo de desarrollo que múltiples organizaciones políticas se han propuesto en diversos países y que les han permitido un largo ciclo de respaldo ciudadano, como el PRI lo tuvo en el siglo XX.

Por ejemplo, en materia de salud se ha popularizado la referencia a Dinamarca. Pero en 2021 este país tenía una expectativa de vida de 81.5 años, España de 83.5, Chile de 81.0 y México de 75.5. Dinamarca tiene 4.4. médicos y 10.2 enfermeras por 1,000 habitantes; España 4.5 y 6.3; Chile 2.9 y 3.7, respectivamente; en tanto en México son 2.5 médicos y 2.9 enfermeras por cada 1,000 hab. (OECD Health at a Glance, 2023)

Evidentemente, hay un gran espacio de mejora que, sin la menor duda, acrecentaría el apoyo popular, al ser la salud una cuestión literalmente vital y de altísima sensibilidad social.

El fin último para solidificar exitosamente un sistema político en el largo plazo es pasar de un modelo dedicado a remediar necesidades a otro enfocado a generar capacidades para un desarrollo humano integral.

El mercado y el desplazamiento a la derecha. Cabe decir que el presente y futuro del sistema político morenista están ligados inexorablemente a una economía de mercado abierta y floreciente, que corresponde promover a los gobiernos en turno, pues es tal economía de mercado la única capaz de generar la riqueza que pueda aportar recursos fiscales para sufragar el mantenimiento de subsistemas como el de transferencias sociales y la creación de otros, como los arriba indicados.

Es también el mercado, competitivo y abierto, el que permitirá la eficiencia para la creación de empleo de calidad que disminuya a través del tiempo la necesidad de subvencionar programas sociales.

La creación de una clase media, más amplia y próspera que la de la era priista, no daría lugar necesariamente a que llegado ese tiempo retirara su apoyo a un partido de izquierda, en tanto éste sea el artífice y garante de un conjunto de subsistemas de bienestar social.

Descuidar la economía, o centrarse únicamente en los programas sociales para conservar el poder, puede sí, en cambio, llevar a minar aceleradamente la República y demeritar el estatus de la ciudadanía, al negarles el derecho a un desarrollo integral, al tiempo que un manejo irresponsable del patrimonio nacional (v.g. endeudamiento excesivo) comprometa el futuro de generaciones enteras, como sucedió en el pasado.

Epílogo. La indignación, frustración y hartazgo de amplios grupos ciudadanos en 2018, fueron exitosamente comprendidos y canalizados por el entonces candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El desgaste natural por el ejercicio del poder, sumado a errores, omisiones y crítica, ha producido el alejamiento de un importante porcentaje de votantes. Sin embargo, el gobierno actual ha podido en estos años construir una política social con logros tangibles en materia de recuperación del poder adquisitivo, particularmente en deciles de menor ingreso, lo que le ha generado una base de apoyo electoral que perfila un inédito sistema político, cuyo éxito futuro dependerá de su capacidad de desarrollarse para satisfacer eficazmente un espectro más amplio de necesidades sociales.

Porque las elecciones no son solamente candidatos y campañas, sino todo lo que pasó antes, ceteris paribus, Morena se impondrá en la elección federal de 2024.

*El autor es excomisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, no es afiliado ni simpatizante de Morena.