Nombramientos y vileza de AMLO

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificó su Estatuto Orgánico para que el Pleno pueda sesionar y el regulador no quede paralizado en el ejercicio de sus atribuciones. Ahora podrán sesionar cuando menos tres comisionados y tomar decisiones válidas.

Como se sabe, tanto el Pleno del IFT como de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) están incompletos. La Cofece tiene cuatro personas y a partir del primer día de marzo el IFT también quedará con cuatro de siete integrantes tras la salida del actual presidente, Adolfo Cuevas.

El Ejecutivo Federal no ha querido hacer los nombramientos para que dos comisionadas ocupen las vacantes en el IFT. Por suplencia, el nuevo presidente del IFT será el comisionado Javier Juárez, una figura que contempla la legislación. Pero faltarán tres personas para completar el Pleno.

Para nadie es un secreto que el presidente López Obrador desprecia los órganos autónomos por ser -según él- una herencia neoliberal. AMLO ha declarado abiertamente que instituciones como la Cofece y el IFT deberían desaparecer.

El Ejecutivo Federal no comprende la función reguladora, autónoma, de contrapeso, de equilibrio y especializada de los órganos reguladores. AMLO quiere retroceder a una época superada en la cual el gobierno ejercía una función directa de control sobre las autoridades, las empresas y los agentes económicos, como el otorgamiento o revocación de concesiones y la autorización de concentraciones de empresas.

El Presidente AMLO preferiría designar directamente a las autoridades encargadas de regular los mercados en lugar de pasar por un proceso de selección. Piensa que los organismos autónomos le quitan atribuciones al gobierno para hacer política pública, regular e intervenir en los mercados y sus empresas.

El procedimiento para nombrar a los comisionados de la Cofece y el IFT es constitucional. Un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México y el Inegi convocan un examen de conocimientos. Por cada vacante, el comité envía al Presidente una quinteta o terna de entre quienes obtuvieron las calificaciones más altas. El Ejecutivo selecciona de entre los aspirantes al candidato, pero el Senado debe ratificar.

Es cierto que el Presidente tiene poco margen de maniobra, porque la visión del nuevo Estado regulador es que los perfiles sean especializados e independientes tanto del gobierno en turno como de los agentes económicos a quienes regulan.

Ante la imposibilidad de hacer un cambio constitucional y erradicar a la Cofece y el IFT de un plumazo, el Ejecutivo Federal ha optado por debilitarlos de dos maneras: castigando y reduciendo sus presupuesto y no haciendo los nombramientos correspondientes para completar sus Plenos como cuerpos colegiados.

Pero al no hacerlo, el Presidente no muestra estatura institucional y sí vileza, pero sobre todo incumple con la Carta Magna. Esta es la razón por la cual tanto la Cofece como el IFT pueden interponer controversias constitucionales, para que el Poder Judicial le ordene al Presidente a hacer los nombramientos.

También ha pretendido debilitarlos a través de una retórica maniquea, descalificando tanto a los órganos autónomos como a sus comisionados desde una cada vez más desvirtuada conferencia matutina, pretendiendo confundir a una sociedad con posiciones ideológicas.

Los plenos de ambos reguladores, que debieran tener siete comisionados como lo establece la Constitución, pueden quedar paralizados en la toma de decisiones por el empate en las votaciones y el voto de calidad del Presidente. Aunque son cuerpos colegiados técnicos, siempre existe el riesgo de decisiones políticas. En caso de temas controversiales, el voto de calidad se puede politizar y también prestarse a ataques o cuestionamientos mediáticos.

El problema es que las respectivas leyes que rigen a ambos reguladores (de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de Competencia Económica) son explícitas al señalar que para tomar ciertas decisiones se requiere de mayoría calificada de cinco votos. 

Para que la Cofece pueda ordenar la desincorporación de activos, separar empresas, se requiere de cinco votos. Hoy no podría hacerlo. Tampoco podría nombrar o remover al titular de la Autoridad Investigadora, el órgano técnico y de gestión, autónomo dentro del propio regulador autónomo, encargado de recibir las denuncias y conducir las indagatorias en forma de juicio.

Para el IFT, se requieren cinco votos para emitir el Estatuto Orgánico y también para nombrar o remover al titular de la Autoridad Investigadora.

Son muy pocas las causales que exigen mayoría de cinco votos, pero son cláusulas de gobernanza al interior de ambos reguladores: estar de acuerdo en quién realiza las investigaciones contra los agentes económicos, coincidir en una resolución irreversible como separar una empresa y avalar en lo básico las reglas internas a través del Estatuto Orgánico.

Otras causas que se aducen son las cargas laborales. El trabajo que debieran hacer siete comisionados, lo tienen que hacer cinco o cuatro o menos si la situación la sigue llevando al extremo el Presidente. Cada comisionado tiene su oficina y presupuesto, incluido personal a su cargo encargado de auxiliar al comisionado.

La batalla por la autonomía y la integración de la Cofece y el IFT todavía tendrá varios capítulos. Pero el Presidente ya mostró la poca estatura y el desdén por los mercados que regulan. Falta saber si AMLO acataría una resolución de la Suprema Corte que lo obligaría a hacer los nombramientos que faltan.

Twitter: @beltmondi