Otro año de impunidad de la mayor filtración de datos de empleados del gobierno

La investigación contra el o los responsables de la mayor filtración de datos personales de empleados del gobierno federal se encuentra en secreto. La filtración ocurrió entre mayo y junio de 2020, en plena pandemia: los técnicos de la Secretaría de la Función Pública dejaron en internet, a la vista de cualquier persona, una base de datos con información personal y patrimonial de casi un millón de trabajadores públicos. La información era parte de sus declaraciones patrimoniales. Han pasado tres años. Todavía no hay responsables ni castigo.

El mensaje es claro: desde el gobierno se puede violar la privacidad de los ciudadanos y salir impune, como demuestra también el caso de Andrés Manuel Lopez Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola.

Desde que ocurrió el incidente en la Secretaría de la Función Pública, se fue Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y llegó como secretario Roberto Salcedo Aquino. La Dirección General de Tecnologías de la Información —donde se produjo la filtración— ha sido ocupada por 6 personas: Luis Gutiérrez Reyes, Armando Andrade Díaz, Rolando Menchaca Méndez, Luis Carlos Jaso García, Edder Espinosa Arellano y Carlos Raúl Ramírez Orozco. La responsabilidad se diluye; la sanción se evapora.

Pedí a la Secretaría —como lo hago cada año— el estatus de la investigación y sanción que ordenó la agencia de privacidad de México, el Inai, contra los responsables de la vulneración de datos de las personas servidoras públicas (sentencias INAI.3S.07.01-004/2020 e INAI.3S.07.01.005/2020, votadas por unanimidad el 24 de noviembre de 2020).

La Secretaría —responsable de la investigación sobre sus propios empleados y sus propios procesos de seguridad de la información— confirmó que existen expedientes abiertos sobre la vulneración de datos personales de 2020, pero que no puede hacerlos públicos porque su transparencia puede obstruir “la prevención o persecución de los delitos”.

El Órgano Interno de Control de la Secretaría “informó que en ejercicio de sus atribuciones y en atención a la vista ordenada en la resolución INAI.3S.07.01-004/2020 se abrió una investigación al respecto, por lo que de la búsqueda exhaustiva, razonable y sin restricciones realizada en los archivos físicos y electrónicos con los que cuenta la citada Autoridad Investigadora, se encontró una (01) coincidencia relacionada con lo solicitado por el peticionario, consistente en el expediente número QD/0289/2020 y sus acumulados QD/0290/2020 y QD/0631/2020, mismo que se encuentra en trámite”, informó la Secretaría como respuesta a la solicitud de información 330026523001892.

“No obstante, se informa que dicho expediente y sus acumulados se encuentran reservados de conformidad con lo previsto en el artículo 110, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, por un periodo de tres (3) meses”, se añadió en la respuesta.

Entre todo hay una buena noticia: el secreto terminará en agosto de 2023. Puede haber luz en el horizonte y castigo a los responsables. Ya veremos.

Ni la ley de protección de datos en posesión del gobierno ni la Ley de Responsabilidades Administrativas imponen un plazo para cumplir con las sentencias de la agencia de privacidad contra actores públicos. Es un diseño institucional defectuoso, en el que la agencia investiga y ordena sancionar y toca a la Secretaría de la Función Pública investigarse a sí misma y determinar dichas sanciones. Es un defecto que promueve la impunidad por violaciones a derechos fundamentales: la privacidad y la protección de datos personales, cuya afectación perjudica a los ciudadanos y los pone en riesgo de daños irreparables: físicos, morales o patrimoniales.

Las consecuencias de ese diseño benefician a todos los infractores del gobierno, incluido el presidente López Obrador, quien violó la ley al divulgar sin motivo ni consentimiento datos personales y patrimoniales del periodista Carlos Loret de Mola. A un año de este incidente, el presidente está impune.

Solicité una postura al equipo de prensa de la Secretaría, pero por el momento no emitirá comentarios. Es el sello de la casa.