Sta. Lucía: interés nacional vs social

La ampliación del Aeropuerto de Santa Lucía, que será parte del sistema nacional aeroportuario del gobierno lópez obradorista está empantanada en un pleito legal.

Se trata de un juego de fuerzas entre organizaciones de la sociedad civil y el jefe del Ejecutivo. Y el fiel de la balanza será la Suprema Corte.

La ampliación del Aeropuerto Militar de Santa Lucía está previsto como parte fundamental del sistema de aeropuertos con el que el gobierno federal busca sustituir el cancelado Aeropuerto en Texcoco.

Por eso, para el presidente de México, es un tema fundamental. Sin embargo, la intención de construir la ampliación de Santa Lucía ha sido obstruida legalmente.

Y cuando el gobierno mexicano registraba la más severa derrota legal anunció una estrategia radical, cuyos efectos están por verse. Pero vayamos por partes. El colectivo No Más Derroches —integrado por una gran cantidad de organizaciones sociales y empresariales— en defensa de la legalidad y el Estado de Derecho promovió más de un centenar de amparos.

Por ese camino, obtuvo suspensiones definitivas en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional en Santa Lucía (AISL).

Interés nacional

En consecuencia, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones declaró que, el conjunto de acciones legales para impedir la construcción del aeropuerto de Santa Lucía es parte de un “sabotaje legal”.

Y más recientemente anunció que invocaría “el interés nacional”. Finalmente, el jefe del Ejecutivo cumplió su advertencia.

Con el propósito de que se revoquen las órdenes judiciales, invocó el “interés nacional” y decretó como Instalaciones Estratégicas todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva con tres argumentos fundamentalmente:

1.- Que el proyecto del AISL es una instalación estratégica.

2.- Que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país, por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional.

3.- Que pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.

Defensa del interés social

Frente a esta estrategia del gobierno mexicano, la Coparmex, presidida por Gustavo de Hoyos, asegura que los amparos (interpuestos) y la suspensión definitiva no afectan ni la seguridad nacional, ni el interés social, ni el orden público.

En todo caso —advierte—, el Proyecto del AISL no es todavía un bien y no puede ser declarado instalación estratégica.

Y en todo caso, si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL, es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente.

El sindicato patronal asegura que de revocarse la suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.

Si se revoca la suspensión, señala la Coparmex, se generaría un precedente preocupante y sumamente negativo para la protección de los derechos fundamentales en México.

Abriría la puerta para que en futuras ocasiones se apele a la “seguridad nacional” y el orden público con el fin de anular el derecho al amparo que tienen todos los mexicanos.

Y recuerda que el artículo cuarto de la Ley de Seguridad Nacional indica que ésta se rige por el respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales.

El organismo destaca que el Poder Judicial de la Federación tiene la función de proteger a los mexicanos en contra de cualquier abuso por parte de las autoridades y confió en que el juez quinto de distrito en materia administrativa resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta, en todo momento, el bien común y los derechos de todos los mexicanos.

Las preguntas

El diferendo legal entre el presidente de la República y las organizaciones civiles va mucho más allá de la construcción de la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. Tiene que ver con el Estado de Derecho, el respeto a la Ley de Amparo y la independencia del poder judicial.

Hay muchas preguntas, el aeropuerto de Santa Lucía ha operado y sigue operando como base militar.

La pregunta es: ¿la construcción de la ampliación del aeropuerto que se realizará será para fines militares o comerciales?

Hasta ahora se sabe que será para complementar las operaciones comerciales del actual AICM. En consecuencia, ¿por qué tendría que ser considerado como instalación estratégica?.

¿Es válido argumentar el “interés nacional” para llevar adelante una obra pública gubernamental que todavía no tiene los permisos correspondientes para operar? Veremos en qué termina ésta, que es una parte importante de la historia de la que ha sido considerada —por empresarios, especialistas y analistas— como la decisión más controvertida de este gobierno: la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco.

ATISBOS

DIFERENDOS.- En la arena pública hay varios fierros legales sobre la lumbre.

Por un lado la embestida de la industria alimentaria contra el cambio en el etiquetado frontal.

Por la otra, la campaña de los industriales para evitar la actualización del IEPS al consumo de bebidas azucaradas y comida de alto contenido calórico.

Y una más, la batalla entre farmacéuticos y el gobierno que decidió importar medicamentos contra el cáncer para desmantelar el monopolio del sector. La oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, ha mostrado carácter y firmeza. Veremos de qué cuero salen más correas.