Todo indica que habrá sensatez en materia de subcontratación

La semana pasada, hice un llamado a que hubiera sensatez legislativa en materia de subcontratación o, en otras palabras, que las autoridades cerraran el paso de manera contundente a las prácticas indebidas, pero sin prohibir el outsourcing legal, ya que esto supondría un golpe durísimo para los empleos y la economía.

Tras siete días de diálogos y debates, parece que vamos por buen camino y que será posible que el gobierno, el sector privado y los trabajadores lleguen a acuerdos en beneficio de todos. Sin embargo, no conviene adelantar vísperas.

A manera de antecedente, vale la pena recordar que, desde mediados del 2019, se está pensando en hacer modificaciones legales que permitan regular la tercerización para acabar con algunas prácticas indebidas (la elusión fiscal, el subregistro de trabajadores ante el Seguro Social o la emisión de facturas falsas) que se han dado mediante este esquema. Las opiniones oscilan entre quienes consideran que solamente sería necesario que las autoridades fortalecieran la vigilancia y la fiscalización, hasta los que opinan que se debería terminar con todo el outsourcing.

El pasado jueves 12 de noviembre, el Ejecutivo Federal anunció que enviaría una iniciativa de ley al Congreso de la Unión en la cual se prohibiría la subcontratación de personal y se regularía la prestación de servicios especializados y las agencias de colocación. Naturalmente, fuimos muchos quienes alzamos la voz en contra de dicha propuesta.

Empero, la noche del lunes 23 de noviembre, se dieron cita distintos representantes de la industria privada en Palacio Nacional para hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de subcontratación. Se llegó al acuerdo de que, en cuanto a tercerización se refiere, se revisaría la iniciativa de reforma mediante mesas de diálogo permanentes, según declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, así como de empresarios que asistieron a la reunión, entre los cuales se encontraban Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, presidente de Concamin, y José Manuel López Campos, quien encabeza Concanaco-Servytur.

Por otra parte, el lunes 23 y martes 24 se llevó a cabo en la Cámara de Diputados un largo Parlamento Abierto en el que un amplio grupo de empresarios, especialistas laborales y representantes de trabajadores expresaron su opinión acerca de la subcontratación.

A grandes rasgos, la conclusión de dicho evento coincide con la de otras pláticas que se sostuvieron a finales de 2019 y principios de 2020: la mayoría de los participantes en este evento se manifestaron abiertamente a favor de erradicar la subcontratación abusiva, ya que esto, además de ser una práctica ilegal, lastima a las autoridades, a las propias empresas de subcontratación y a los trabajadores.

Simultáneamente, los asistentes expresaron, desde muchas perspectivas, que la prohibición del outsourcing es innecesaria y peligrosa, ya que es un esquema difundido globalmente y presente en todos los sectores de la economía mexicana. En consecuencia, se abogó en pro de la regulación, de que las autoridades supervisen al sector y de la creación de un padrón nacional de empresas de tercerización.

Por el momento, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo abrieron la puerta al diálogo. Esperemos que en las próximas semanas puedan conseguirse y respetarse acuerdos que fortalezcan la subcontratación responsable y profesional, poniendo fin a los comportamientos abusivos en los que una minoría ha caído. De ese modo, se enviaría un mensaje muy positivo de certidumbre jurídica y capacidad de negociación, el cual, por otra parte, se traduciría en beneficios para las empresas y en mayor cantidad de empleos formales.

*El autor es director general de TallentiaMX.