Una reforma judicial que condena al gobierno de Sheinbaum

Un común denominador de las editoriales o artículos que diversos medios extranjeros han escrito sobre lo que está ocurriendo en México en estos días en el terreno político-legislativo, leáse The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Financial Times o The Economist, es la incredulidad con la que observan la forma en que se está gestionando el poder en México durante la etapa de transición entre el gobierno del presidente López Obrador y el de la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Los comentarios expuestos en las distintas piezas editoriales, en el contexto de la reforma al Poder Judicial, hacen hincapié en la ausencia de lógica política en la postura de la presidenta electa con respecto a dicha reforma, aún cuando son evidentes los costos que habrá de resentir el país por el cambio caprichoso de las personas que hoy se desempeñan como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de magistrados o jueces.

Y es que para todos aquellos que están ajenos al juego palaciego de la 4T, es imposible entender cómo es que la presidenta electa reitera en cada ocasión que puede que la reforma al Poder Judicial es muy buena para México, que los inversionistas y analistas extranjeros, e incluso los estudiantes de derecho en nuestro país, que la critican lo hacen porque no la han leído bien.

Sin embargo, es un hecho que la demolición del actual Poder Judicial, para reemplazar su andamiaje por uno sui generis que no existe en ninguna parte del mundo, al menos con los alcances que se pretenden imponer en México, tendrá un impacto negativo fuerte en la vida cotidiana de los mexicanos, para empezar, simplemente porque impondrá retrasos en la solución de conflictos, que hace un año no estaban en el horizonte de decisiones de personas, familias y empresas.

Luego, están los efectos negativos que se provocarán por el hecho de someter la justicia en nuestro país a la subasta de los votos y el consecuente sometimiento de cada una de las personas que aspiren a cargos de ministros, magistrados o jueces, y por supuesto de sus decisiones judiciales cuando ya estén en sus respectivos cargos, a los incentivos perversos que representa la necesidad de construir popularidad y apelar a la aceptación de la masa electoral. No es un invento de quienes entienden este tipo de procesos, que anticipan las elevadas probabilidades de que en estos nuevos procesos, el crimen organizado juegue un papel relevante, vía el impulso de futuros jueces a modo, ya sea financiando sus campañas o quitando del camino a los que pudieran representar un obstáculo para sus candidatos o un riesgo para sus intereses.

Por más que la presidenta electa Claudia Sheinbaum no quiera provocar molestia o dudas en el presidente López Obrador, no puede aislarse de las opiniones objetivas que advierten que el diseño y reglas para el funcionamiento del Poder Judicial que están por ser instauraradas en México tendrán un efecto adverso sobre decisiones de inversión, entre ellas, de inversionistas extranjeros. La falta de certeza de cómo resolverán los tribunales en México a partir de ahora cualquier tipo de resolución de conflictos, ya sea entre personas, entre personas y empresas, entre personas y gobiernos o autoridades, entre empresas, y entre empresas y gobiernos o autoridades, que se traduce en mayor incertidumbre que la se percibe hasta ahora, necesariamente afectará el flujo de inversión hacia distintos sectores de la economía mexicana, y con ello, se afectará el potencial de crecimiento económico del país y por tanto de su desarrollo.

El universo de transacciones económicas que se verán impactadas es enorme: desde la decisión de comprar una nueva casa, la de involucrarse en la compra-venta de un rancho o una bodega, la de invertir en infraestructura de redes como gasoductos o redes de telecomunicaciones, hasta la de invertir en una planta de alta tecnología, etcétera.

Frente a ese horizonte, ninguno de los que desde luego hemos leído la reforma al Poder Judicial podemos entender cómo es que la presidenta electa supone que su gobierno empezará con el pie derecho, porque más bien parece que está aceptando que el presidente López Obrador condene su sexenio a un crecimiento anémico y escenarios económicos complejos.

*El autor es economista.

@GerardoFloresR