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Opinión

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Viento en popa el huachicol

¡Cómo que en el combate al robo de combustibles al gobierno de la 4T se le aflojó la rienda a medio camino!   

En un estupendo reportaje del martes de esta semana aquí en El Economista se hace referencia, con todas sus letras, al plan que anunció el presidente López Obrador en los inicios de su sexenio “en contra del robo de hidrocarburos a Pemex”. En términos coloquiales, el propio mandatario explicó que ese plan estratégico era “necesario urgente” a fin de “tener cero tolerancia frente al huachicol”.  Ahora, a más de cinco años de distancia de esas declaraciones, la lucha contra el huachicol parece haber quedado en el olvido. ¡Una promesa sexenal más flagrantemente incumplida!

El panorama general de ese fenómeno delincuencial es que el número de tomas clandestinas de combustibles pasó de 10,293 en el año de 2017 a 14,894 en 2018 para descender a 10,929 en 2021. Pero el punto a destacar es que de ese año a la fecha la tendencia repuntó fuertemente, a manera de que al cierre del 2023 ya estábamos al muy alto nivel alcanzado a principios de la administración. ¡Cómo que en el combate al robo de combustibles a la 4T se le aflojó la rienda a medio camino! Tan sólo en comparación con el cierre del 2022, el número de tomas clandestinas se incrementó en 7.6 por ciento.

Extraño. Internamente en Pemex hay una unidad administrativa con la capacidad técnica para contar con toda exactitud el número de pinchaduras que reciben los ductos de la empresa y el detalle de las zonas geográficas en las que las tomas clandestinas se llevan a cabo. Esa unidad es la Gerencia de Estrategia y Sistemas de Seguridad y Monitoreo. Con todo, la empresa estatal parece no contar con recurso operativo alguno para combatir esa forma de robo, que se lleva a cabo en aparente total impunidad. Mientras que en el sexenio de Peña Nieto se contabilizaron 43.6 miles de tomas clandestinas de combustibles, en el de López Obrador ha habido un incremento tremendo a cerca de 65,000 tomas, con un salto de 49 por cierto.

De manera obvia, esas cifras del robo tienen su expresión en pesos y centavos que se cargan a la cuenta de pérdidas de Pemex. En el año de 2022 se reportó que el robo de combustibles causó un quebranto por cerca de 5.6 miles de millones de pesos. Y en el pasado 2023, hasta el tercer trimestre el hurto ascendió a 2.1 miles de millones de pesos. Me pregunto cuál de los López puede estarse beneficiando de tan tremenda sangría. O a lo mejor, también algún Oropeza.

bdonatello@eleconomista.com.mx

Columnista

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