¿Y la seguridad privada?

Tras descartar el modelo de policía única, la Cuarta Transformación apostó por el despliegue de la Guardia Nacional para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en primera instancia, y en la última etapa, dejó el control operativo y administrativo de ese nuevo cuerpo policiaco al alto mando militar.

Fue un cambio drástico. Al cierre del 2018, los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, dependencias y entidades de la administración pública federal —incluidos los poderes Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos— mayoritariamente eran brindados por cuerpos de seguridad privada. Algunas instalaciones consideradas estratégicas —entre ellas, el AICM— quedaron bajo la jurisdicción del CUSAEM.

El nuevo paradigma implicó que el titular de la Sedena quedara al cargo de Seguridad Pública y de establecer los criterios para vincular a las más de 8,000 empresas que ofrecen servicios de seguridad privada en el país con la Estrategia Nacional.

Entre 2010 y 2020, aumentó 92% el número de firmas con registro, según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. En los últimos años, el sector ha registrado una tasa crecimiento de 20% anual en promedio, para alcanzar un valor en el mercado cercano a los 485,00 millones de pesos; 2% del Producto Interno Bruto.

Una industria boyante, aunque poco regulada. Armando Zúñiga Salinas, presidente de ASUME, reconoció solo medio millar de empresas están debidamente registradas ante el gobierno federal y otras ante los gobiernos estatales. Ante la “gran informalidad” imperante, los directivos de las distintas asociaciones que conjuntan al gremio han insistido por la instauración de una nueva Ley General de Seguridad Privada.

Para la AMESP, el marco legal vigente en la materia resulta obsoleto, por redundante. Y es que las firmas que tienen operaciones en distintas regiones del país deben tramitar varios permisos para operar. Y si su área de competencia se ubica en puertos o puntos fronterizos, deben contar con el aval de las instancias federales.

El Registro Público de Empresas de Seguridad sólo tiene un carácter enunciativo y algunas empresas operan actualmente hasta con 32 permisos distintos; uno, por cada entidad federativa. ¿El colmo? Que la fragmentación de la normatividad llega a nivel municipal. A ciencia cierta, nadie sabe cuántos permisos deben tramitarse en el país. “Entre 70 y 80 permisos distintos” están en vigor.

En aras de la simplificación y la certeza jurídica, las empresas del ramo pugnan por un solo permiso federal y mayores atribuciones. La ciberseguridad y el robo al autotransporte estaban al margen de las propuestas de la industria. Y ahora —gracias a las propuestas de Xóchitl Gálvez y Marcelo Ebrard—deberá discutirse el uso de tecnologías de inteligencia artificial en las tareas de vigilancia y protección.

Y en la protección de las carreteras y las vías férreas está prácticamente bajo su jurisdicción, por el uso continuo de escoltas, sistemas de monitoreo y blindaje de vehículos.

A más tardar dentro de tres meses —por las gestiones de la diputada Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, y la titular de la SSPC Rosa Icela Rodríguez—quedará aprobada la nueva Ley. Antes, habrá un ejercicio de parlamento abierto.