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La atinada iniciativa de Nieto
La iniciativa presentada por el ponente Nieto contenía toda la congruencia... con independencia de sus argumentos técnicos.
Se vivían en el país las postrimerías del difícil año 1916. En el orden político –o si se quiere militar– se había consumado el triunfo del denominado movimiento Constitucionalista sobre el de la Convención de Aguascalientes, encabezado por Francisco Villa. En el orden monetario, había terminado en fracaso el proyecto del “billete infalsificable”, mediante el cual se intentó resolver el problema de los billetes revolucionarios. Dicho problema había estado marcado por cuatro deformaciones: el gran monto, su diversidad, la legalidad de las piezas y su autenticidad.
A continuación, con gran visión de estadista Venustiano Carranza convocó en Querétaro al Congreso Constituyente. Al presentarse a discusión el proyecto para la redacción del artículo 28 de la Carta Magna, alguien cayó en la cuenta de que al jefe máximo Carranza se le había olvidado su promesa de que la emisión de billetes debería ser una facultad exclusiva del Estado. Asimismo, que al triunfo de la Revolución se procedería a establecer el Banco Único de Emisión.
Por fortuna para el porvenir, la omisión de Carranza fue saldada por la intervención de un constituyente de nombre Rafael Nieto. La iniciativa que presentó Nieto fue para que se agregaran en el mencionado artículo constitucional entre las facultades reservadas en exclusiva al Estado la relativa a la emisión de billetes. Y para redondear la propuesta, Nieto demandó que quedara establecido en el texto constitucional que tal facultad exclusiva debería ejercerse mediante [sic] “un Banco Único de Emisión controlado por el Estado”.
Con cierta solvencia técnica (dados los tiempos que se vivían), el constituyente Nieto dio tres razones para que la facultad de emitir billetes quedara concentrada en un solo banco emisor. La primera, relativa a la flexibilidad para regular el monto de los billetes en circulación a las necesidades monetarias de cada circunstancia. En segundo lugar, un Banco Único de Emisión bajo el control del Estado estaría en mejor capacidad para sincronizar y compensar sus operaciones con las correspondientes a las de la Tesorería de la Federación. Tercera, a futuro habría que evitar que a los bancos de emisión se les ofrecieran “concesiones leoninas”, como había sucedido en el pasado.
En realidad, la iniciativa presentada por el constituyente Nieto contenía toda la congruencia, independientemente de las consideraciones técnicas expuestas por dicho ponente. Entre otros posibles argumentos para concentrar en una sola entidad la facultad de emisión estaba el ejemplo de Estados Unidos mediante el Sistema de la Reserva Federal establecido ya hacía más de un quinquenio.