¿Por qué las autoridades de competencia ayudan a combatir la corrupción?

“Corrupción” es un término muy amplio. Hay quien lo usa para hacer referencia a que se deterioran los valores de una persona o quien lo usa para decir que se violaron los derechos sexuales de ciertas personas, como en el término “corrupción de menores”. 

En el sector público el término “corrupción” se refiere principalmente al “abuso de poder”. Es decir, cuando un funcionario público hace mal uso de su autoridad. Por ejemplo, cuando un policía recibe un pago de un ciudadano para evitar una multa o cuando un funcionario público entrega una concesión o un permiso a alguien que no la merece.

Justo aquí, es donde la competencia económica nos puede ayudar a que haya menos corrupción. Cuando un gobierno necesita comprar algo o que un privado le ayude a llevar a cabo un negocio, tiene tres posibilidades para asignarlo según la Ley de Adquisiciones: i) licitación pública, ii) invitación restringida a tres empresas, iii) adjudicación directa.

Aunque suelen ser un poco más tardados para asignar el contrato, si se hacen bien, los procesos de licitación pública permiten que la decisión de a quién se asigna una concesión o contrato sea tomada con base en méritos, además en la mayoría de los casos las adquisiciones terminan costando menos al erario, ya que, al competir entre ellas, las empresas tienen incentivos a reducir los precios que le ofrecen al gobierno.

Según la ley, las asignaciones directas deben ser solo para compras pequeñas o para casos excepcionales que no se puedan licitar. Sin embargo, en México los distintos gobiernos federales han licitado muy poco. Las estadísticas muestran que desde 2010 la mayoría de los años se han adjudicado de manera directa alrededor del 70% de los contratos cada año. Solo en 2023 se entregaron 80% de los contratos por la vía directa, cifra por cierto similar a la de 2010 en la que se adjudicaron de forma directa 86.7% de los contratos.

A nivel entidades se nota un panorama similar. Solo el 35.1% de los contratos se licitaban en 2021 (no tengo datos más recientes) y este porcentaje venía reduciéndose, prácticamente año con año desde 2011.

Ni todas las licitaciones públicas garantizan que no haya corrupción, ni todas las asignaciones directas la implican. Sin embargo, los procesos de licitación reducen bastante el riesgo de que se entreguen contratos “por compadrazgo” a una empresa que no los merece.

La autoridad de competencia económica no puede obligar a otras autoridades a licitar, pues las normas al respecto están establecidas en las leyes sectoriales y en la Ley de Adquisiciones. Lo que puede hacer Cofece es opinar sobre los procesos de licitación e investigar si existen prácticas monopólicas absolutas en las licitaciones públicas, es decir acuerdos entre competidores para dar más caro al gobierno el bien que ofrecen.

Por ejemplo, la autoridad de competencia ha investigado licitaciones públicas de insulina, sueros, bancos de sangre, estudios de laboratorio, guantes de látex, condones, servicios de monitoreos de medios, medidores de luz, adquisición de hardware y software, documentación electoral, entre otras. Estas investigaciones ayudan a cerciorarse de que los concursos estén siendo en efecto competidos para que las empresas que participan no le inflen los precios al gobierno, lo cual perjudicaría el bolsillo del contribuyente.

Respecto a las opiniones, continuamente Cofece analiza los procesos de licitación que derivan de la Ley de Puertos, pues esta la faculta a hacerlo. Dos casos emblemáticos en los que se ha opinado son los puertos de Veracruz y Puerto Vallarta. En Veracruz, Cofece opinó que una empresa no podía ser ganadora de un concurso de licitación para operar una terminal de contenedores puesto que ya tenía una participación de 85%. En Puerto Vallarta se detectaron regulaciones distintas para terminales públicas y privadas lo que estaría generando ventajas exclusivas a algunos de los competidores.

Más allá del análisis de licitaciones, otra forma en que la autoridad de competencia ayuda a que se reduzca la corrupción, es con el análisis de barreras normativas. En ocasiones los funcionarios públicos establecen normativas que podrían favorecer a ciertos grupos económicos. Ya sea que lo hagan sabiéndolo o sin saberlo, el análisis técnico e independiente de competencia económica ayuda a solucionar estas problemáticas.

Por ello, contar con una autoridad de competencia independiente, imparcial y efectiva es de gran importancia para ir ganándole poco a poco la lucha a la corrupción.