Crónica de otra muerte enunciada

En los últimos días han surgido a la luz pública un sinfín de escándalos internos y externos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que fueron el último clavo en el ataúd de este órgano autónomo. Su ineficacia ya ni siquiera se cuestiona y los ojos están ahora puestos en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que Morena piensa crear para retomar las funciones del IFT.  

Sin embargo, por más que los creadores de la ATDT se han esmerado en hacerle propaganda jurídica, la realidad es que la agencia nace ya con un déficit de confianza, tanto en México, como ante nuestros socios comerciales en Norteamérica, que francamente es natural, dado el contexto y la historia de nuestro sector de telecomunicaciones.

Para empezar, la creación de la ATDT ha sido propuesta y será aprobada por la misma maquinaria legislativa que aprobó hace apenas tres semanas la reforma al artículo 28 constitucional, para avalar nuevos monopolios estatales. Así, la ATDT, cuyo objetivo principal será el combate al control de mercado de América Móvil, será manejada por el mismo grupo político que no tuvo el menor empacho en constitucionalizar el monopolio sobre el servicio de Internet. No se puede culpar a los escépticos por desconfiar de quienes “combaten” a los monopolios, negando su existencia a nivel constitucional.

Por otro lado, el motivo principal de los cuestionamientos a la ATDT es la dudosa independencia que ésta debe tener conforme al T-MEC. Nuestros legisladores no parecen entender que la autonomía de una autoridad no se obtiene repitiendo en todos los párrafos constitucionales el vocablo “independiente”, ya sea que se trate de órganos autónomos o de jueces. La independencia no es un concepto subjetivo, que esté sujeto a interpretación, y tampoco es un simple formalismo que mágicamente se haga realidad por el solo hecho de plasmarlo en el texto legal. Los candados que se habían previsto para garantizar la independencia del IFT claramente no fueron suficientes, pero su eliminación de la Constitución no conducirá a una verdadera autonomía, como se ha asegurado. En todo caso, los mecanismos de control tendrían que reforzarse pues, de lo contrario, el resultado será que la influencia del agente preponderante sobre el regulador se pueda ejercer descaradamente.

Este pronóstico no surge de una pendiente resbaladiza de hipótesis catastróficas, pues la propia experiencia nos ha demostrado lo anterior. Desde la privatización de Telmex en 1990, no ha habido un solo esquema de regulación que verdaderamente limite su poder de mercado, incluso con la creación de autoridades con autonomía operativa y de gestión, o con facultades cuasi legislativas y protección judicial reforzada, como el IFT.

Por si fuera poco, el gobierno en turno, creador de la ATDT, ha mostrado públicamente su cercanía con América Móvil. Hace menos de un mes, pudimos ver al presidente honorario de su Consejo de Administración, Carlos Slim Helú, saliendo de una reunión formal con Claudia Sheinbaum, augurando un panorama económico de “buenos años para México”. Nuestras famosas “reglas de contacto” para los Comisionados del IFT hoy parecen una anécdota en la historia de nuestra Constitución, una mera ocurrencia regulatoria, junto al mensaje que reciben los nuevos entrantes al sector de telecomunicaciones, al ver la alineación entre el agente preponderante y el gobierno que lo regulará.

El fracaso del IFT no debería tomarse como una simple justificación para volver a modelos de regulación superados, sino que debería servir como experiencia para crear un nuevo regulador mucho mejor equipado para enfrentar la concentración del sector de telecomunicaciones, y de paso cumplir con el T-MEC. Un retroceso a esquemas regulatorios ya descartados sólo anuncia para la ATDT el mismo destino que el de sus antecesores.