Por qué fracasarán el DOGE y Musk

BERKELEY. A cambio de ayudar a Donald Trump a ser reelegido gastando 130 millones de dólares en las campañas de Trump y de otros candidatos republicanos a puestos de menor envergadura, y de convertir a X (antes Twitter) en su máquina de mensajes, Elon Musk se ganó la oportunidad de codirigir (junto con Vivek Ramaswamy, otro donante importante) un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Bautizado así por una criptomoneda que comenzó como una broma, el DOGE (por su sigla en inglés) no será una agencia oficial. Pero, aunque su papel será puramente consultivo, Trump ha prometido poner en práctica sus recomendaciones para reducir el exceso de regulaciones, reestructurar las agencias federales y recortar los gastos superfluos, todo ello con la vista puesta en la eficiencia.

La ley federal exige que todo comité consultivo gubernamental notifique públicamente sus reuniones (incluidos el orden del día, la hora, el lugar y el propósito) y dé acceso a todos los informes, transcripciones, minutas, documentos, órdenes del día u otros documentos relacionados con su trabajo. Pero el DOGE puede incumplir estos requisitos alegando que infringen inconstitucionalmente el poder presidencial.

Al igual que con sus otros nombramientos, Trump no se molestará en investigar a fondo a Musk y Ramaswamy, ni les exigirá que se desprendan de sus participaciones corporativas o se abstengan de ofrecer recomendaciones sobre cuestiones que plantean un conflicto de intereses evidente (como, por ejemplo, las compras importantes de servicios de la NASA a la empresa SpaceX, propiedad de Musk). En la medida en que el DOGE eviscera las regulaciones, promete ser un poderoso vehículo para el “capitalismo de amigos”. Sus recomendaciones tendrán poco que ver con la mejora de la eficiencia gubernamental o la reducción de costos, y mucho que ver con la eliminación de regulaciones y agencias que los donantes poderosos y los lobistas empresariales quieren ver muertas.

Afortunadamente, el DOGE fracasará, porque se está centrando en los objetivos equivocados, con el enfoque equivocado y el liderazgo equivocado. Musk inicialmente prometió recortar el gasto del gobierno federal en 2 billones de dólares, lo que supone casi un tercio de todo el gasto previsto para 2025. Tras darse cuenta rápidamente de lo absurdo que era ese objetivo, desde entonces lo ha reducido en un 75%, a 500,000 millones de dólares.

El gasto en defensa, seguridad social, Medicare, Medicaid, la Ley de Asistencia Asequible (Obamacare) y el pago de intereses de la deuda pública estadounidense representan, en conjunto, el 74% del gasto federal total. Por otra parte, el gasto en defensa probablemente aumente con Trump, el gasto en el pago de intereses es esencial para evitar un incumplimiento del pago de la deuda del gobierno federal, y el gasto en seguridad social, Medicare y Obamacare es legalmente obligatorio y cuenta con el apoyo contundente de los votantes que ayudaron a reelegir a Trump. El 26% restante del gasto federal cubre todas las demás funciones del gobierno federal –desde programas discrecionales de defensa como la salud de los veteranos (12%) hasta programas esenciales no relacionados con la defensa (14%), como el sistema federal de autopistas, el control del tráfico aéreo y el sistema judicial.

Aunque todos los fondos para programas discrecionales deben ser autorizados por el Congreso, el nuevo objetivo de 500,000 millones de dólares abarcaría tanto los programas cuya autorización del Congreso finaliza en 2024 como aquellos que Musk considera incompatibles con las intenciones originales del Congreso. Pero la atención médica de los veteranos es la función individual más importante (119,000 millones de dólares), cuya autorización por parte del Congreso finaliza en 2024 y, a pesar del desprecio de Trump por los militares, es difícil imaginar que el DOGE vaya por la salud de los veteranos.

En su lugar, el DOGE ya ha indicado que recortará la financiación de Planned Parenthood y otros grupos progresistas (300 millones de dólares al año), la Corporación para la Radiodifusión Pública (535 millones de dólares al año) y varias organizaciones internacionales (1,500 millones de dólares al año). También podría apuntar a partidas discrecionales de mayor envergadura, como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (6,600 millones de dólares), responsable de las previsiones meteorológicas del país; la Administración Federal de Aviación (7,000 millones de dólares), que regula la seguridad de la aviación civil; muchas agencias dentro del Departamento de Estado (38,000 millones de dólares), y el Departamento de Educación (29,000 millones de dólares). Pero la NASA (25,400 millones de dólares), por razones obvias, quedará excluida.

El problema de esta agenda de desfinanciación es que sigue sin acercarse a los 500,000 millones de dólares. Si el DOGE quisiera intentar aportar algo positivo, abandonaría este objetivo y se centraría, en cambio, en mejorar la eficiencia de los organismos responsables de los programas gubernamentales, y en eliminar las regulaciones que no superen una prueba rigurosa de costo/beneficio.

Pero esto ya se ha intentado muchas veces, y normalmente sin demasiado éxito. La Encuesta del Sector Privado sobre el Control de Costos del presidente Ronald Reagan, conocida como la Comisión Grace, por ejemplo, afirmaba que un tercio de todos los ingresos procedentes del impuesto a la renta era consumido por el despilfarro y la ineficacia, una exageración salvaje, Muy pocas de las 2,500 recomendaciones de la comisión se pusieron en práctica, y la combinación de los recortes fiscales de Reagan y un gobierno federal cada vez mayor hizo que la deuda nacional se disparara en su prolongada trayectoria ascendente.

Esfuerzos similares que se remontan a la Comisión Hoover del presidente Harry Truman también se han juzgado como “fracasos abyectos”. La mayoría fracasan por un defecto fundamental en su diseño. Dirigidos por líderes empresariales que no entienden cómo funciona el gobierno, estos organismos tienden a producir listas de ideas no examinadas, pero no tienen capacidad para llevarlas a cabo. La implementación sigue siendo responsabilidad de los organismos competentes y del Congreso, que legisla y financia los programas federales.

La Asociación Nacional para la Reinvención del Gobierno del vicepresidente Al Gore a principios de los años 1990 evitó esta falla de diseño. Integrada en la administración Clinton, estaba supervisada por un grupo de reformistas del gobierno que consiguió aprobar una ley concreta: la Ley del Desempeño y los Resultados del Gobierno de 1993, cuyo objetivo era integrar las métricas de desempeño en los procedimientos operativos estándar del gobierno federal.

Musk y Ramaswamy, por el contrario, no son más que los últimos de una larga lista de niños modelo del sector privado, cuyos enfoques de gestión empresarial para las operaciones gubernamentales fracasarán. Menos de una cuarta parte de todos los programas de reforma del gobierno tienen éxito, y los que lo logran presentan dos características diferenciadoras en común: los empleados del sector público diseñan las reformas y luego utilizan herramientas digitales para medir y mejorar el desempeño.

Desafortunadamente, el Congreso no proporciona fondos suficientes para que las agencias dispongan de las herramientas que necesitan. Por eso el Servicio de Impuestos Internos ha sido incapaz de recaudar ingresos anuales estimados en 1 billón de dólares de los evasores y defraudadores fiscales. Sin que sea culpa suya, la mayoría de los organismos del gobierno federal siguen muy rezagados respecto del sector privado en cuanto a la digitalización de sus servicios. Ir deprisa y romper cosas no funciona en el gobierno (tampoco, dicho sea de paso, en la mayoría de las grandes organizaciones del sector privado). Si Musk y Ramaswamy quieren conseguir mejoras significativas y duraderas en materia de eficiencia del gobierno, tendrán que colaborar con los funcionarios para cambiar la forma de hacer su trabajo.

Los autores

Laura Tyson, expresidenta del Consejo de Asesores Económicos del presidente durante la administración Clinton, es profesora de la Escuela de Negocios Haas de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del Consejo de Asesores de Angeleno Group.

Lenny Mendonca, socio principal emérito de McKinsey & Company, fue asesor económico y empresarial jefe del gobernador Gavin Newsom de California y presidente de la Autoridad de Ferrocarriles de Alta Velocidad de California.