En nombre del pueblo

En nombre del pueblo“Yo ya no me pertenezco”. Hitler, Mussolini, Eva Perón, Chávez, AMLO, Sheinbaum.

“No hay hombre que, revestido de un poder absoluto para disponer de todos los asuntos humanos, no sea víctima de la soberbia y la injusticia”. Platón

“Cuando mezclas ignorancia y soberbia, obtienes una dosis de mediocridad”. Rey Salomón

“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. San Francisco de Sales

“Ni una jueza ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México”. Sheinbaum

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25: “El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución”. Por otra parte, en el artículo 27 constitucional se establece que “La nación tendría en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público…”.

Una mayoría calificada que ilegalmente le otorgaron en la Cámara de Diputados las autoridades electorales a Morena y sus rémoras, no el pueblo de México, les ha permitido avanzar con las reformas constitucionales que López envió al Congreso, incluidas la aberrante reforma judicial y la desaparición de los órganos autónomos del Estado, incluidas las dos que tienen como función promover la competencia en los mercados, el IFT y la Cofece.

Ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare a la reforma judicial como inconstitucional por violentar los derechos individuales y eliminar de facto la división de poderes establecida en el artículo 41 constitucional, los legisladores de Morena tomaron la decisión de modificar la propia Constitución para establecer que el Poder Judicial, particularmente la SCJN, no puedan mediante juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales impugnar y revertir los cambios a la Constitución. A esta notoriamente autoritaria modificación se les ocurrió denominarla “supremacía constitucional”, término que recuerda la “supremacía blanca” del Ku Klux Klan (y Trump) y la “supremacía de la raza aria” de Hitler.

Que ninguna reforma constitucional pueda ser impugnada y revertida, aunque violente los derechos humanos de los mexicanos (como la libertad de trabajo y la de manifestación de ideas) nos pone en camino a la consolidación de un régimen abiertamente autoritario, cuya consecuencia será la cancelación de la libertad política y una significativamente menor libertad económica. Lo que ya establecen los artículos 25 y 27 constitucionales arriba citados, junto con la imposibilidad de revertir cualquier futura reforma a la carta magna le permitiría al gobierno, a la presidenta con el aval de un Congreso sumiso, moverse hacia un sistema económico de planificación centralizada de la actividad económica limitándole a cada ente privado, individuos y empresas, la libertad para asignar los recursos de su propiedad. La justificación de tal medida, se afirmaría, sería en nombre del pueblo y tendría como objetivo maximizar el “bien común” y alcanzar la “justicia distributiva”.

De entrada, el “bien común” no se puede definir. Ante las diferencias en capacidades determinadas por el capital humano que cada quien posee y las preferencias que tiene cada individuo, todas ellas subjetivas, es imposible establecer una escala común para todos. Por lo tanto, el llamado “bien común” termina reflejando las preferencias del gobernante y su ejército de burócratas, uno en donde el gobernante, ilusamente, se asume como un “dictador benevolente”.

Más aún, como afirmó Friedrich Hayek en su libro Camino de servidumbre: “Cualquier política dirigida a un ideal de justicia distributiva, es decir, a lo que alguien entienda como una distribución ‘más justa’, tiene necesariamente que conducir a la destrucción del imperio de la ley porque, para poder producir el mismo resultado en personas diferentes, sería necesario tratarlos de forma diferente. Y ¿cómo podría haber entonces leyes generales?”.

Asumirse como un “dictador benevolente” que supone que sus preferencias son las del “pueblo”, que cree que limitando la libertad económica individual y que a través de la planeación centralizada de la actividad económica pueden lograr una asignación eficiente de recursos que lleve a maximizar el bienestar individual y social no pasa de ser una utopía por un sencillo hecho: el gobernante y su ejército de burócratas no tienen, ni podrán jamás tener, toda la información sobre la cantidad existente de cada recurso ni, más importante aún, su escasez relativa y su costo de oportunidad. En consecuencia, sus decisiones terminan en una asignación notoriamente ineficiente de recursos.

Pensar, con soberbia que sí lo pueden hacer, tiene un único destino: la mediocridad y una pérdida del bienestar de la sociedad. Y es aquí en donde radica el mayor peligro de tener un gobernante que se cree “la encarnación del pueblo”: a medida que sus políticas económicas no sólo no dan el resultado esperado sino uno inclusive uno opuesto, tienden a endurecer su posición y en lugar de ser un “dictador benevolente” termina siendo sólo un dictador que reparte equitativamente la miseria.

X: @econoclasta