Reconfiguración institucional en telecomunicaciones: oportunidades y desafíos

La reconfiguración reciente y en curso del corpus institucional de las telecomunicaciones en México, tras la próxima extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), da cause a una transición hacia un modelo fragmentado entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y un nuevo organismo de competencia económica. 

Este cambio, resultado de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), promete transformar digitalmente a nuestro país, pero también plantea serios desafíos estructurales y operativos.

Nuevo panorama regulatorio. La reforma constitucional aprobada recientemente establece un nuevo marco institucional que redistribuye las funciones previamente concentradas en el IFT.

A partir de enero de 2025, la ATDT asumirá la responsabilidad de la política pública en telecomunicaciones, mientras que la SICT será la encargada de las licitaciones y supervisión del espectro radioeléctrico, así como de las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones.

Este enfoque difuso de facultades podría generar incertidumbre e incrementar los costos entre los agentes regulados, quienes se enfrentarán a una “doble o triple ventanilla” para realizar sus trámites y cumplir con sus obligaciones regulatorias.

Desafíos del rediseño institucional. Uno de los principales riesgos de este rediseño es la potencial carencia de coordinación entre las nuevas entidades.

Los conflictos de competencia y la duplicidad de esfuerzos podrían convertirse en barreras adicionales, al incrementar los costos administrativos y mermar la eficiencia operativa del sector.

Otro aspecto preocupante de esta transición es la posible pérdida de capital humano especializado. El IFT, durante su existencia ha formado y acumulado una considerable cantidad de experiencia y conocimientos técnicos que resultan en una condición sine qua non para una regulación eficaz.

La falta de continuidad del personal competente podría impactar negativamente en la capacidad de las nuevas entidades para abordar los retos del sector.

Presupuesto: contrastes y retos. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2025 apunta a una drástica reducción de 70.2% en los recursos destinados al IFT, dejando al órgano regulador con 500 millones de pesos (mdp) para concluir sus operaciones y liquidar a su personal.

En contraste, la ATDT se inaugura con un presupuesto robusto de 3,010 mdp, lo que enfatiza la intención del gobierno de centralizar funciones relacionadas con la transformación digital y la inclusión tecnológica.

No obstante, la redistribución de funciones también recae sobre entidades ya existentes, como la SICT, que recibirá un aumento presupuestal de 4.8% para asumir responsabilidades críticas en telecomunicaciones y radiodifusión. Este incremento podría resultar insuficiente frente a las crecientes demandas regulatorias y operativas.

Hacia una legislación secundaria sólida. El eventual éxito de esta reestructuración institucional dependería en gran medida de una legislación secundaria que se emita para dar cauce al nuevo modelo.

Es imperativo que esta legislación sea integral y esté respaldada por un análisis técnico sesudo. De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar la incertidumbre y dificultar la transición hacia un sistema más eficiente.

Aunque el rediseño institucional puede ofrecer una oportunidad para abordar temas clave como la transformación digital, la ciberseguridad y la inclusión tecnológica, también introduce riesgos significativos que podrían comprometer el desarrollo del sector. La fragmentación de competencias, la falta de coordinación y la pérdida de capital humano son retos que deben ser atendidos con urgencia.

En un momento en el que la conectividad y la innovación son esenciales para el crecimiento económico y social, el futuro de las telecomunicaciones en México está en juego. La pregunta clave es si el nuevo modelo logrará cumplir con las expectativas de modernización o si, por el contrario, representará un retroceso en los avances alcanzados en la última década.