Retos de la compra consolidada; dudas sobre participación de distribuidoras

Con el seco sabor de boca que dejó el recorte de entre 11 y 12% del presupuesto al sector salud, lo cual sólo reafirmó que continuará la austeridad, ahora más acentuada, es mayor la atención sobre los resultados que lograrán con la compra de fármacos y demás insumos para salud para los dos primeros años de la administración, donde se destinarán más de 314,000 millones de pesos (mdp); casi 148,000 mdp para 2025 y 167,000 mdp para 2026.

Después de tantos tropiezos el sexenio pasado con las compras, causantes del histórico desabasto que siguen sufriendo los pacientes de las instituciones públicas de salud, es grande la expectativa en torno al primer ejercicio de compra pública del sexenio.

Está en manos del subsecretario Eduardo Clark quien como “comandante en jefe” de esta operación, junto con el titular de Birmex, Iván Olmos Cansino, se ve que se están tomando en serio el reto. Saben que el desafío no es menor, pues deben garantizar un proceso de licitación transparente, competitivo y eficiente, pero además con celeridad porque el 2025 ya está a la vuelta de la esquina.

Por lo pronto, Clark y su equipo hicieron a un lado prejuicios ideológicos y se sentaron una a una con las principales empresas proveedoras. Escucharon atentos tanto a productores miembros de Canifarma y de Amelaf, como directivos de farmacéuticas importadoras de medicamentos de patente de AMIIF, como los de dispositivos médicos integrados en AMID y los de la industria distribuidora. Importante que consideren a éstas últimas que tienen experiencia e infraestructura logística para los volúmenes involucrados. Los directivos del sector ven indicios positivos de que el nuevo equipo quiere hacer bien las cosas.

Después de esas reuniones es que Birmex echó atrás la semana pasada el estudio de mercado originalmente emitido que generaba muchas dudas. Esa reversa generó mucho ruido, pero en realidad fue certera; lo que sucedió es que tras escuchar a la industria los funcionarios corrigieron algunos puntos. Enseguida, el viernes 15 de noviembre sacaron lineamientos más precisos y un nuevo estudio de mercado, pero aún así hay incógnitas. Una de ellas es la relativa a la participación de las distribuidoras especializadas. Recordemos que AMLO le cerró de un portazo a dichas distribuidoras la opción de participar en estas compras, culpándolas de la corrupción, y entonces Birmex trajo a los operadores logísticos. Hoy a toro pasado es claro que no fue la solución, y aparte tampoco hubo un solo perseguido o detenido por la señalada corrupción.

El Gobierno de AMLO hizo como 7 diferentes intentos de compras sin resultados. La realidad es que esos múltiples intentos generaron caos y carencia detonando masivas adjudicaciones directas sin control a precios desmesurados. El IMSS de Zoé Robledo, por ejemplo, dio manga ancha a las delegaciones para comprar a discreción y sin medida, surgiendo infinidad de representantes de proveedores con productos cubanos, argentinos, de India y de países lejanos como Lituania. También surgieron innumerables distribuidores sin experiencia que vendieron al IMSS fármacos a precios 3, 4 y hasta 5 veces más arriba que el precio de referencia. Es el caso por ejemplo de la atorvastatina/ezetimiba, para el colesterol, cuyo precio de referencia es de 340 pesos, pero empresas como Caninmedics o Logística Médica se la vendieron al gobierno a 1059 pesos. O la insulina, de un precio normal de 266 pesos, la empresa Desamed y Taxation la vendieron al IMSS a 1,045 pesos o a 1,159 pesos, respectivamente. Estos y otros ejemplos reflejan que en vez de resultados contra la corrupción, la estrategia de la 4T que destruyó el sistema de abasto, detonó compras poco transparentes que más que atacar actos corruptos, los estimularon. De ahí que hay desconfianza de las distribuidoras, el punto es que la autoridad tendrá que diferenciar de las empresas que llevan décadas, tienen licencia sanitaria y son muy reguladas, respecto de las nuevas que pulularon en los últimos años con simple aviso de funcionamiento y sin infraestructura operan como si supieran.

La secretaria Raquel Buenrostro desde Función Pública ya arrancó una investigación sobre funcionarios públicos y ubicar a las empresas que recibieron pagos en exceso por productos médicos.