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Política

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Aplazan por segunda ocasión la audiencia de Murillo Karam

Un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte aprobó una solicitud para recorrer la audiencia de Jesús Murillo Karam hasta el próximo abril.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación acusaron que, por orden de Murillo, Rodríguez Salgado no fue presentado de inmediato ante un juez luego de su detención el 15 de enero de 2015El Economista

Un juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte aprobó una solicitud para recorrer la audiencia de Jesús Murillo Karam hasta el próximo abril.

Esta solicitud fue realizada por la defensa del exfuncionario, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, para que puedan seguir recabando pruebas a su favor; pues la audiencia se realizaría hoy 24 de enero.

Esta es la segunda ocasión en el que el proceso legal es aplazado, ya que en septiembre del año pasado el equipo legal de Murillo Karam solicitó que se pospusiera la reunión donde se trataría el caso, pues consideraron que había juicios de amparo en curso.

Además, se dio a conocer que la Fiscalía General de la República solicitará que el exprocurador reciba una condena de 82 años por los delitos de desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

Revelan carta

Por su parte, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, dio a conocer la carta que le envió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresando su preocupación por la liberación de los ocho militares relacionados con el caso Ayotzinapa.

En dicha misiva, que cuenta con acuso de recibido de la secretaría general de la presidencia del máximo tribunal del país, se explicó que el modificar la prisión preventiva oficiosa a los militares podría aumentar el riesgo de sustracción de la justicia, pues podrían volverse ilocalizables o que huyeran del país.

Además, se detalló que el asunto era de mayor importancia y trascendencia para el Estado, debido a las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes.

arturo.rojas@eleconomista.mx

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