Lectura 2:00 min
Cada legislador del PVEM cuesta $400,285 al mes
De acuerdo con las asignaciones del segundo semestre del 2013, los senadores del Verde reciben 26% más que los del PRI, PAN y PRD.
Los legisladores del PVEM y del PT le salen más caros al Senado de la República que los legisladores de las tres principales fuerzas políticas en la Cámara: PRI, PAN y PRD.
De acuerdo con las asignaciones ordinarias de los grupos parlamentarios, cada uno de los siete legisladores del PVEM cuesta al erario 400,285 pesos mensuales en promedio, cuando a los del PRI, principal fuerza política, se les otorga del erario 295,641 pesos.
En la repartición del dinero, de acuerdo con las asignaciones del segundo semestre del 2013 a los grupos parlamentarios -último reporte que trasparentó el Senado-, por cada uno de los petistas, en promedio se repartió 368,833 pesos mensuales para sus labores legislativas.
No obstante, a pesar de que son pares, al PRI, PAN y PRD se les dio por legislador 295,640 pesos al mes en promedio; es decir, 26% menos que a los del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Con 54 senadores, al PRI se le asignaron 95 millones 788,000 pesos por concepto de asignaciones ordinarias en el segundo semestre del 2013, pero al PVEM, por tan sólo siete representantes le dieron 16 millones 812,000 pesos.
Al Partido del Trabajo (PT), con cinco representantes que tenía en ese tiempo -posteriormente se le adhirió Layda Sansores-, le tocó 11 millones 65,000 pesos, lo que representa mayor gasto por legislador que las tres principales fuerzas políticas, pues al PAN se le asignaron 67 millones 406,000 pesos para 38 representantes y al PRD 39 millones 24,000 pesos por 22 senadores.
Las cifras millonarias sólo son parte de las asignaciones ordinarias, a las que se le suma por grupo parlamentario un monto extra por comisiones y apoyo legislativo que varía de acuerdo con los senadores que integran o encabezan comisiones.
Pese a que el 31 de octubre del 2013, en el último día de la presidencia de Ernesto Cordero, el pleno aprobó un acuerdo que ordena a los grupos parlamentarios transparentar cada tres meses el uso y destino de los recursos públicos que se les asignan, la medida se ha dejado en el tintero toda vez que las cifras no están actualizadas ni se presentan trimestralmente por el Senado.