Casos como el de Higa serían ilegales

Este lunes comienza el análisis para dictaminar las leyes secundarias anticorrupción. El nuevo documento de trabajo crea un protocolo de actuación en contrataciones públicas , para lo cual habrá un registro que exhibirá a funcionarios y empresarios corruptos e inhabilitados; determina 11 faltas administrativas graves y obliga a los servidores públicos de todos los niveles de gobierno a presentar y publicar su declaración patrimonial y de interés pero no la fiscal.

Entre las sanciones para funcionarios corruptos se encuentra la inhabilitación desde 10 a 20 años, multas de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos y pago de daños ocasionados a la Hacienda Pública. Para personas morales la sanción económica de hasta dos tantos de los beneficios y multas de hasta 1 millón 500,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en caso de no haber obtenido beneficio, pago de daños y hasta la disolución de la sociedad.

Los senadores comenzarán este lunes con el análisis del documento junto a los directores de Transparencia Mexicana, el Imco y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

El documento retoma propuestas de los partidos y de instituciones, como la ASF, que incluso podrá impugnar las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o coadyuvar en las pesquisas contra los corruptos.

Precisa que habrá un Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses, actualizado cada 15 días, que tendrá un apartado que precise el nombre de los funcionarios que intervengan en contrataciones públicas.

Con esto y con un protocolo de actuación en contrataciones que deberá elaborar la Secretaría de la Función Pública, su similar en los estados y los órganos internos de control, se pretende cerrarle las puertas a los sobornos y cualquier tipo de actos de corrupción entre el sector público y el privado.

El protocolo incluirá una relación de las personas físicas y morales inhabilitadas para celebrar contratos con los entes públicos, por lo que no habrá pretexto para que los gobernantes se escuden en el desconocimiento para otorgar contratos a empresas sancionadas.

Además se establecen 11 faltas administrativas graves, una de ellas es para evitar casos como la adquisición de la residencia de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues estará prohibido obtener o pretender obtener cualquier beneficio como servidor público no comprendido en su remuneración.

También será falta grave el autorizar o solicitar para sí o familiares el desvío de recursos públicos; adquirir bienes, muebles o valores que pudieran incrementar su valor como resultado de información privilegiada; aceptar un empleo que le signifique conflicto de interés y la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales o de intereses.

Peticiones ciudadanas

Según México Evalúa, hay 12 puntos que no deben de salir de la Reforma. Éstos son algunos:

• Definir consecuencias administrativas y penales.
• Evitar que los órganos internos de control sean quienes distingan las faltas graves y no graves.
• Obligar al 3de3 público.
• Crear un registro nacional de servidores públicos sancionados.
• Establecer sanciones contra individuos del sector privado y personas morales corruptas.
• Fortalecer a la ASF.
• Acelerar la aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Advierte Juan M. Portal

Los gobernadores son un riesgo para el SNA

El desarrollo y éxito del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) estará en riesgo si no se generan las condiciones adecuadas para que a nivel local se opere lo que establece la reforma constitucional en la materia, advirtió Juan Manuel Portal Martínez.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados sobre el gasto federalizado, comentó que hay fenómenos recurrentes en la mayoría de las entidades, independientemente del partido en el poder.

Me refiero a la presión que enfrentan los auditores superiores estatales para cumplir cabalmente con su función. Para nadie es desconocido que cuando un nuevo gobernador toma protesta, es altamente probable que el titular en turno de la entidad de fiscalización superior del estado sea remplazado , precisó.

Si bien los marcos normativos en las entidades federativas incluyen los elementos necesarios para llevar a cabo una labor de fiscalización eficaz y eficiente, explicó, el problema rebasa las disposiciones contenidas en las leyes y se circunscribe a la carencia de independencia para ejercer las facultades al límite de lo legal.

ésta es una circunstancia que no tiene que ver con los colores de partidos (...) es un problema estructural de incentivos. No existen circunstancias que permitan a los auditores superiores realizar su trabajo de manera independiente , estableció.

En las entidades, amplió, hay una división de poderes poco clara y sin peso en la práctica, así como falta de diversidad en los medios de comunicación locales que realmente contrapese y genere una tendencia a favor de la rendición de cuentas. (Rolando Ramos)