Comisión anticorrupción no es la salida

La transparencia en México tiene avances , pero persisten obstáculos y límites a nivel federal. El reto, coinciden analistas, es que estados y municipios rindan cuentas reales.

Expertos en la materia opinan que una gran comisión anticorrupción -como plantea el virtual ganador de la contienda presidencial Enrique Peña Nieto- no sería la panacea para terminar con la corrupción, que representa un gasto de 32,000 millones de pesos al año.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, observa avances en el acceso a la información pública y en la infraestructura administrativa y de gobierno a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), pero también visualiza límites y considera como ejemplo el tema de los créditos fiscales, que llegó a la Suprema Corte. Pero sí hay avances, añade.

Destaca que la desigualdad en el acceso a la información pública es más evidente en los estados, pues tienen órganos garantes institucionalmente débiles , aunque destaca los esfuerzos por remediarlo.

En donde tenemos el mayor reto es en la otra parte de la moneda , en la lucha contra la corrupción, detalla Bohórquez, quien expone que pese al esfuerzo de tala regulatoria, ya que han desaparecido más de 2,000 trámites federales, en estados y municipios hay corrupción administrativa y queda de manifiesto en casos como el del Walmart , donde permisos y procedimientos municipales se convirtieron en una fuente de posible corrupción .

Asegura que los hogares mexicanos son víctimas de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que los siguen extorsionando . Puntualiza que el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno más reciente (mayo 2011) detectó aproximadamente 210 millones de actos de corrupción en trámites y servicio.

Las administraciones estatales pueden modernizarse más, pero tenemos municipios que abusan a través de trámites y permisos, tanto del sector privado como el sector público.

El Director de Transparencia Mexicana coincide en que los institutos de transparencia pueden estar dominados por el gobierno local desde que son integrados y destaca que por ello es importante dotarlos de una auténtica autonomía.

Si dependen presupuestalmente o políticamente del Gobernador, si se partidizan, como ha ocurrido con órganos electorales, tenemos órganos débiles , expone.

Aclara que los institutos de transparencia locales son garantes del derecho de los individuos a que se les entregue información pública y no en todos los casos definen la política de transparencia de los gobiernos estatales.

En Oaxaca, afirma, el gobernador Gabino Cué creó una Secretaría que, además de garantizar el acceso a la información, define políticas de transparencia para la administración estatal.

Lo que queda claro es que muchos de esos órganos no gozan de autonomía presupuestaria, tienen presupuestos pequeños, invierten mucho tiempo en campañas de fomento a la transparencia y a veces no son particularmente fuertes al garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a información, concluye.

Para el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan Pardinas, los mayores problemas de corrupción y transparencia ocurren en estados y municipios.

No podemos aspirar a una reforma fiscal seria si municipios y estados siguen gastando de esta manera , puntualiza.

¿Para qué quiere el Estado más recursos? ¿Para que suceda como en Coahuila con la deuda; como en Michoacán; como hace un par de sexenios en Tabasco, donde se contrataron gente sin racionalizar lo que eso implicaba financieramente para el estado?, se cuestiona Pardinas.

Desde su perspectiva, se cuentan demasiados casos de estados mal administrados y parte del problema es el margen de discrecionalidad y opacidad con que funcionan muchos gobernadores .

Indica que el tema no sólo es transparencia y corrupción, sino también viabilidad fiscal y hacendaria del Estado.

Por ejemplo, las deudas de estados y municipios están en niveles muy manejables si nos comparamos con países mediterráneos, pero -advierte- no va a durar si los gobernadores se pueden seguir manejando con esa opacidad .

Si no cambiamos los criterios de transparencia y rendición de cuentas en estados y municipios no nos extrañe que en una generación, en unos años hacia el futuro, estemos enfrentando una situación como la de Grecia y España, o como la que tuvimos durante los 70 y 80, una crisis fiscal , explica.

La coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Irma Eréndira Sandoval, lamenta que la transparencia no se haya consolidado en México, al considerar que hay transparencia de relaciones públicas .

Hay transparencia para la higiene en algunas políticas públicas, incluso programas muy específicos, pero no transparencia que, me parece, necesitaba el país en términos de diagnóstico en materia de corrupción y que nos hemos atorado durante estos gobiernos federales panistas , agrega la investigadora.

Opina que en el país no hay una transparencia vinculada, clave para el combate a la corrupción. Insiste en que hay una transparencia burocratizada e incluso legitimadora .

En algunos aspectos, abunda, por la forma en que se ha manejado el órgano garante a nivel federal -el IFAI- es una transparencia más de simulación política .

A nivel estatal, la académica ve casos sobresalientes, con leyes más avanzadas, porque incluyen como objetos obligados a todos los poderes, así como a los órganos autónomos.

Pero son excepciones y el panorama general deja mucho que desear porque la mayoría de los órganos garantes y de la interpretación de las leyes locales están todavía subordinadas a la voluntad y a la directriz de los propios gobernadores , externa la académica de la UNAM.

MANIFIESTAN SUS DUDAS

LA PROPUESTA DE PEÑA

Los Especialistas observan con buen ánimo un debate sobre la reorganización del andamiaje legal para combatir la corrupción, pero no ocultan sus dudas sobre la propuesta de Enrique Peña de crear un órgano autónomo.

Eréndira Sandoval observa dos ángulos en el anuncio de fortalecer al IFAI. Primero, dice, quiso dar un golpe mediático para opacar la solicitud de Andrés Manuel López Obrador de anular las elecciones.

En segundo término, explica, el planteamiento de que el IFAI intervenga en casos estatales sería contrario al federalismo , que le pone límites a esta posibilidad. Opina que se deben dar pasos en firme en materia de transparencia para sujetos privados relacionados con las tareas públicas, que manejan recursos públicos.

Juan Pardinas no simpatiza con comisiones especiales ni considera que sea el modelo ideal para combatir la corrupción. Me preguntaría qué instituciones, qué tecnología tiene Estados Unidos que ha sido capaz de detectar más casos de corrupción en México que nosotros mismos .

Se pronuncia por crear un sistema que incluya mejorías en el Código Penal, para que efectivamente se pueda sancionar con severidad a quien incurre en actos de corrupción, como evadir impuestos, o por lo menos darle el mismo tratamiento penal y criminal.

Considera que sí se necesita reestructurar al Estado, al pormenorizar que la corrupción existe en tres ámbitos de ejecución: en el proceso de compras públicas; contratación de servicios, y cuando se ejecutan permisos o políticas públicas que pueden beneficiar a mercados regulados.

Se requiere, afirma, una reforma normativa, una tecnológica, una reforma constitucional en el sentido de que necesitamos normas homogéneas para los tres niveles de gobierno. A nivel federal acabamos de aprobar una ley contra la corrupción, que me parece un paso en la dirección correcta, en el que se reconoce la corrupción como un binomio entre actores públicos y privados , explica.

Esa ley no tiene equivalentes en los estados. Habría que encontrar la manera, como en Brasil, donde el Congreso puede emitir leyes generales. Nuestra Constitución es muy restrictiva; que esta ley sirva para castigar a actores privados que sobornan y servidores públicos que reciben sobornos no es un cambio que dependa de una comisión, es un nuevo andamiaje constitucional de cómo enfrentamos el problema , detalla Pardinas.

Eduardo Bohórquez también manifiesta dudas sobre una comisión nacional anticorrupción. El Congreso recientemente aprobó la creación de una fiscalía general anticorrupción, o sea que ya está en análisis y hay que tener cuidado sobre lo que significa .

Pregunta si sería una fiscalía nacional anticorrupción y si podría atraer cualquier caso de corrupción en todo el país. La PGR tendría que seguir interviniendo, porque son asuntos que violan el Código Penal; hay que fortalecer otras instituciones, opina el experto.

Dice que no siempre las comisiones anticorrupción han sido exitosas y pone como ejemplo la Oficina Nacional Anticorrupción en Argentina que, después de dos años de operación, fue calificada como la más corrupta.

mauricio.rubi@eleconomista.mx