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Política

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Condenan ONGs represión de manifestaciones en Guadalajara

Desde el pasado viernes habitantes de Guadalajara, Jalisco, se han manifestado por el aumento a la tarifa del transporte público.

Desde el pasado viernes habitantes de Guadalajara, Jalisco, se han manifestado por el aumento a la tarifa del transporte público, lo que desencadenó la detención de cinco jóvenes, sin embargo, uno de ellos fue presuntamente golpeado por policías en la estación Plaza Universidad de la Línea 2 del Tren Ligero.

A través de redes sociales se viralizaron las imágenes de José Miguel Aguilar Villafaña, uno de los jóvenes detenidos por los policías, el cual se veía golpeado en el rostro. Los hechos causaron indignación entre la sociedad por lo que organizaciones se manifestaron al respecto.

Entrevistada por El Economista, la coordinadora de Análisis e Incidencia de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, señaló que es necesario que las autoridades respeten el derecho de los ciudadanos a manifestarse y no reprimir las protestas.

“Las personas tenemos el derecho de manifestarnos en oposición o de acuerdo a lo que un gobierno haya decidido, pero la obligación del Estado es no reprimir estas manifestaciones”, apuntó.

Luego de la detención de los jóvenes la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que los retenidos fueron puestos a disposición del juzgado municipal por faltas administrativas, luego de causar daños en el portón de Palacio de Gobierno y en la estación Plaza Universidad del Tren Ligero.

Olivares Ferreto exhortó a las autoridades a no hacer un uso excesivo de las fuerza.

“Hacemos un llamado también al gobierno del estado y a todos los gobiernos estatales a que cuiden bien sus cuerpos de seguridad y respeten los derechos de las personas que se manifiestan”.

Asimismo, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social condenó los hechos y solicitó a  la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) a que cumpla con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas.

Del mismo modo iniciar de manera oficiosa las investigaciones para determinar las violaciones a los derechos humanos.

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