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Destituyeron en FGR a 12 por obstruir caso Iguala
La decisión se tomó con base en artículos 62 y 63 de la entonces Ley de la PGR, afirma fiscalía.
Foto EE: Archivo
La Fiscalía General de la República (FGR) ha sancionado con destitución a 12 personas que estuvieron involucradas en la indagatoria por el caso Ayotzinapa.
En el oficio Oficio No. FGR/UTAG/DG/003572/2022 entregado a El Economista, vía solicitud de transparencia, la FGR sostuvo que hasta el 31 de mayo pasado la destitución, por cometer irregularidades en sus funciones, durante la investigación por la desaparición de los 43 normalistas, se aplicó a un director en jefe; un titular de Unidad.
Además de un director General Adjunto; un fiscal de Unidad Especial; un subdirector; un agente del Ministerio Público de la Federación; cuatro policías federales ministeriales y dos peritos.
Causas de remoción
La sanción de destitución, detalló la FGR sin especificar los nombres de quienes ocupaban en aquel entonces los cargos mencionados, se debió a que el Órgano Interno de Control (OIC) encontró que “infringieron las causas de responsabilidad señaladas en la fracción 62” de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente al momento de los hechos.
De acuerdo con el artículo de dicha norma, que estuvo vigente hasta el 2018, se señalan 12 causas de responsabilidad, entre las que se incluyen: “no cumplir, retrasar o perjudicar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; realizar o encubrir conductas que atenten contra la autonomía del Ministerio Público de la Federación, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos, comisiones o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida respecto de alguna persona o autoridad”.
Además de “distraer de su objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su custodia o de la Procuraduría General de la República (PGR); no solicitar los dictámenes periciales correspondientes o abstenerse de realizarlos (…) Omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto”, entre otras.
En la información proporcionada la FGR añadió que las destituciones se fundamentaron también en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la PGR que estipulaba como obligación para los integrantes de la institución conducirse en las investigaciones con “imparcialidad”, así como “impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes.
“Los servidores públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente”, sostiene la fracción IV del artículo 63.
En la solicitud de información se pidió a la FGR precisara cuántas de las sanciones aplicadas se encontraban firmes y cuántas habían sido impugnadas, a lo que respondió:
“Sobre la firmeza de las resoluciones, la unidad administrativa correspondiente (Unidad de Procedimientos del Régimen Especial) señaló que no se cuenta con antecedente de revisiones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014”.
Órgano de inteligencia
Por otra parte, se solicitó información al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre los informes realizados sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En marzo pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) reveló que para realizar su labor por primera vez habían obtenido acceso a 12 reportes del CISEN que daban cuenta de las actividades de los estudiantes.
En la solicitud con folio: 330005022000085 se pidió al CNI se entregaran los informes que tenía sobre el caso, a lo que respondió que los datos requeridos eran “inexistentes” ante lo cual declaró “incompetencia” para atender el asunto y recomendó pedir información a la FGR.