Diputados fijan fechas para la discusión del "Plan C" de AMLO

La junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fijó las fechas y plazos para discutir las 18 reformas constitucionales del llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuyos trabajos se llevarán a cabo del 1 al 22 de agosto.

Cabe señalar que dicho acuerdo, aprobado por 12 votos a favor y 3 abstenciones, destaca que aunque las y los diputados integrantes de la Comisión podrán presentar reservas a los proyectos de dictamen, estas no serán votadas en la comisión, ya que serán llevadas directamente a la Mesa Directiva de la Cámara para su proceso y, en su caso, discusión ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Y es que en un inicio, al igual que en otras ocasiones, se planteó no se presentarán reservas a los proyectos durante las reuniones de la Comisión, lo cual provocó molestia entre los diputados de oposición, pues acusaron que era un tipo de “mordaza” por parte del oficialismo en sus intentos de generar “albazos”.

Según lo expresado por la diputada Paulina Rubio Fernández (PAN), este acuerdo tiene falta de claridad en la calendarización para la discusión de estos temas, pues no se sabe qué día se va a discutir qué tema, “lo que es falta de transparencia y pareciera que se quiere hacer un albazo”.

Asimismo, alertó que no hay conclusiones sobre diversos temas como la reforma al Poder Judicial, simplificación administrativa y desaparición de órganos, “y existe una mordaza para no presentar reservas en la Comisión”.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI), expresó que el acuerdo no cumple en el fondo ni en la forma con el Reglamento de la Cámara y que, si bien hay temas que se ven con simpatía y se votarán a favor en el Pleno, como el salario mínimo, pueblos indígenas y afrodescendientes, protección animal, agua y medio ambientes, “vamos a votar en contra porque el PRI se opone a la llamada reforma judicial, que es un ataque a los principios que rigen la democracia”.

En respuesta, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que no hay ningún intento de albazo, ello al argumentar que estas reformas se presentaron desde febrero pasado y han sido ampliamente discutidas, por lo que defendió que se reciban las reservas y se envíen al Pleno para su discusión, pues ha sido un procesamiento legislativo que se ha hecho durante toda la actividad parlamentaria y no hay violación al marco legal. “No le tenemos miedo al debate ni a la discusión. Se va a elegir al Poder Judicial por el voto universal, secreto y directo del pueblo”, añadió.

Los plazos

De acuerdo con el plan de trabajo, el 1 de agosto iniciará la discusión y, en su caso, aprobación de nueve proyectos de dictamen sobre las reformas en materia de apoyo a jóvenes, pensión de retiro, salarios y vivienda para trabajadores; así como en materia de agua, alimentos y protección al medio ambiente; atención médica, bienestar, protección a la salud, y de protección y cuidado animal.

En tanto, el 2 de agosto se analizarán las reformas sobre transporte ferroviario, austeridad y percepciones de servidores públicos. Mientras que el 9 de agosto se agendó la reforma en materia de pueblos y comunidades indígenas, y afromexicanos.

Para el 13 de agosto se prevé el análisis de la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa; el 14 de agosto la de áreas y empresas estratégicas.

Y finalmente, el 15 de agosto se contempla el traslado del proyecto de dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política en materia de justicia, y la calendarización de las iniciativas relativas a la eliminación de organismos autónomos, la reforma electoral y de la Guardia Nacional.

Por lo que, después de recopilar las conclusiones de los Diálogos Nacionales sobre la reforma judicial, se prevé que ese mismo día se presente un proyecto de dictamen, a fin de que el 22 o 23 de agosto se pueda discutir la reforma al Poder Judicial.

Sobre este proceso, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que en el proceso de debate de los dictámenes las y los integrantes de la Comisión emitirán su opinión en lo general y lo particular, mientras que las reservas se anexarán al dictamen y se pasarán a la Mesa Directiva para que continúe su proceso legal y constitucional. Agregó que de lo contrario las y los legisladores de la próxima Legislatura no tendrán la facultad de pronunciarse a favor o en contra.