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En la orfandad, víctimas colaterales del feminicidio
Activistas señalan que no se cuenta con un registro de los menores que han quedado huérfanos por este delito.
En México los huérfanos por feminicidio aún son invisibles para el Estado, al no implementar el protocolo adecuado para la restitución de sus derechos, así lo señalan organizaciones sociales y defensores de la niñez.
Hasta el momento se desconoce cuántas niñas, niños y adolescentes en el país se encuentran en estado de orfandad a causa de los feminicidios, quienes son víctimas colaterales de este delito que de acuerdo con el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de agosto pasado, 554 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en lo que va del año.
Entrevistado por El Economista, el director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, detalló que si bien es una obligación por parte de las autoridades mantener un registro y restituir los derechos de las víctimas colaterales de la violencia feminicida , no siempre es así.
“El marco normativo actual lleva a que las niñas y niños en condición de orfandad tengan que ser atendidos por el DIF para la restitución de sus derechos, además de los registros que debe hacer el Ministerio Público, existen ahora obligaciones para proteger a la niñez, lo cual no siempre sucede en la vida real”, alertó el director de la Redim .
De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada en el 2014 para una efectiva protección y restitución de los derechos de los menores, la Federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), contará con una Procuraduría de Protección.
“Las procuradurías de protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes”, así lo establece la ley.
Pérez García añadió que las autoridades deben tener presente que la condición de violencia que ha vivido un menor en un caso de feminicidio es de gran impacto para su vida, por lo que es importante una reacción inmediata.
“Las alertas de género deberían incluir un apartado para las víctimas de feminicidio para sumar esfuerzos de las secretarías y otros órganos de gobierno”, añadió Juan Martín Pérez.
“Me tuve que meter en este camino para exigir justicia”
Serymar Soto, de 21 años, fue atropellada el 28 de enero del 2017 en Torreón, Coahuila por su prometido. Falleció cinco días después por muerte cerebral.
Fue en ese momento que Sandra Soto, su hermana, decidió publicar la página web Los machos nos matan en México, con el fin de encontrar al prometido de su hermana quien se había dado a la fuga. Gracias a la página de Sandra, seis meses después fue localizado y desde el pasado 9 de agosto se encuentra preso.
“No soy activista ni soy especialista, he aprendido porque me tuve que meter en este camino para exigir justicia, cuando te sucede esto reconoces lo que hace falta, y a los hijos de las víctimas nadie les hace caso, son un cero a la izquierda”.
Sandra reconoce que es obligación del Ministerio Público el informar el número de huérfanos por feminicidios, esto luego de hacer el levantamiento del acta sobre el asesinato, el cual no se lleva a cabo por que “se echan la bolita, porque nadie quiere otorgar los recursos”.
Detalla que desde el 15 de julio del 2017, activistas en conjunto con las autoridades de Coahuila implementaron un programa piloto en apoyo a las hijas e hijos víctimas de feminicidios, que consiste en otorgar 4,000 pesos bimestrales y acceso a los programas que maneja el Estado.
Sin embargo, Sandra señala que tanto el Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no han cumplido con su deber de apoyar a las víctimas.
“Tienen la obligación, primero porque fallaron como Estado en proteger a los ciudadanos; segundo, no llevan un protocolo debido para atender a las víctimas, y tercero, los tratados internacionales no se están respetando”, concluyó.