Expertos advierten camino militar de la Guardia Nacional, a tres años de su creación

A tres años de su creación, la Guardia Nacional (GN) es utilizada para funciones ajenas como el programa Mochila Segura o el reparto de árboles para el programa Sembrando Vida; sus mandos participan en actos políticos; se incrementa el peligro de que sus integrantes incurran en violaciones a los derechos humanos y forma parte de un modelo militar de seguridad, advirtió un informe de la organización Causa en Común.  

Durante la presentación del informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México: "Guarida Nacional, 3 años de definición militarista", la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, indicó que mientras en 2019 había 74,437 elementos de la GN, para abril de este año son 104,839 elementos, entre civiles y militares. Apuntó que a pesar de ser un requisito de ley, sólo 30,199 elementos contaban con Certificado Único Policial (CUP) al 25 de febrero de 2022, es decir, solo el 29% del total de elementos desplegados.

“Ya no estamos hablando sólo de militarización, sino de militarismo; están intentando cambiar nuestra cultura civilista por una cultura militarista. Desde el Observatorio, se seguirá insistiendo para frenar este proceso que va en contra de nuestra democracia”, dijo Morera.

El experto en seguridad nacional, Alejandro Hope, destacó que el informe reafirmó que la Guardia Nacional es una simulación, dado su indudable carácter militar. Consideró que esa relación de la Guardia con las Fuerzas Armadas hará muy difícil su continuidad con el nuevo presidente en 2024.

La senadora Claudia Anaya resaltó un riesgo de que el proyecto militarista de la Guardia Nacional siga avanzando, “porque lo que se aprobó en el Congreso era un cuerpo civil”. Insistió en la necesidad de recuperar las instituciones civiles que el país requiere y que la ley establece.

El informe mencionó que si bien el proceso de militarización que vive México no es nuevo, a partir del 2018 tuvo un aceleramiento histórico, a pesar de que previo a asumir el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue crítico del papel que desempeñaban las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.

“El hoy mandatario refirió que estas instituciones eran utilizadas como un mecanismo de represión; incluso llegó a señalar al Ejército como culpable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Afirmó que para resolver la crisis de inseguridad en el país se debía atender principalmente sus causas, y que no podía seguirse enfrentando la violencia con el uso de la fuerza. Según él, la generación de empleo, los programas sociales y la reducción de la pobreza serían suficientes para reducir el auge delictivo”, detalló.

Resaltó que contrario a diversas resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de diversos organismos internacionales, el mandatario federal promueve “una militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna con la creación de una Guardia Nacional (GN) militar, y la autorización constitucional del uso de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, además de tareas civiles diversas”.

Uso ajeno de la GN

El informe de Causa en Común mencionó que si bien el capítulo III de la Ley de la Guardia Nacional señala 43 atribuciones de sus elementos, como son salvaguardar la integridad de las personas y el cuidado de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas; vigilancia de instalaciones estratégicas; efectuar tareas de verificación e investigación para la prevención de delitos y de infracciones administrativas; recibir denuncias; realizar detenciones y aseguramiento de bienes; entre otras, en los hechos se le han dado funciones ajenas a los elementos.

“Por ejemplo, en la Ciudad de México sus efectivos realizaron labores para encontrar prófugos mientras que, en Yucatán, apoyaron en el combate al robo en casa habitación; en Oaxaca realizaron un operativo para tener un regreso a clases seguro, mientras que en Tijuana decomisaron droga”, refirió.

Destacó que en conjunto con elementos del Ejército, los elementos de la GN participan en labores de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles; de sucursales del Banco de Bienestar y el “Tren Maya”; la distribución de vacunas e insumos por la pandemia de Covid-19; el reparto de fertilizantes y árboles para el programa Sembrando Vida; la operación de aduanas, puertos y marina mercante; la operación de la Agencia Federal de Aviación Civil; el traslado de dinero de programas sociales; entre otras actividades.

Despliegue contrario a la ley

El documento "Guardia Nacional, 3 años de definición militarista", cuestionó que a pesar que el gobierno federal prometió que el despliegue de elementos sería conforme al nivel de incidencia delictiva en el país, la asignación de elementos no responde a este criterio.

“Por ejemplo, en el número de víctimas de homicidio doloso registradas por entidad, Guanajuato se ha mantenido a la cabeza como el estado donde más se han registrado homicidios en los últimos tres años; sin embargo, tiene asignados menos de la mitad de los integrantes de la GN que Ciudad de México, que cuenta con la policía más numerosa del país, y donde hay una variación porcentual a la baja. Lo mismo ocurre con otras entidades que se encuentran en los primeros lugares en cuanto a número de homicidios, como Michoacán, Estado de México, Baja California y Jalisco”, aseveró.

El informe señaló que de 2019 a 2021 se construyeron 239 cuarteles para la Guardia; ocho estaban en construcción y uno pendiente de inicio. En 2022, de acuerdo al mismo informe, están en construcción 25 cuarteles y está contemplada la construcción de 98 más en el año. Para 2023 y 2024 se tiene previsto construir 123 y 100, respectivamente, lo que daría un total de 594 cuarteles construidos Los cuarteles tienen un costo aproximado de 34 millones de pesos cada uno.

Un actor político

El documento apuntó que la Guardia Nacional ha sido utilizada como un actor político, más que como una institución de seguridad.

Argumentó que el 20 de noviembre de 2021, en el marco del desfile por el 111 aniversario de la

Revolución Mexicana, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional están en favor de la transformación que promueve el actual gobierno federal.

“Las declaraciones del General Secretario, que incluyeron a la GN, están prohibidas de acuerdo con la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, pues los militares no tienen permitido inmiscuirse en asuntos públicos”, alertó

Mencionó que si bien la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, al primer trimestre de 2022, colocó a la GN con una aprobación de 74%, es preocupante el uso “excesivo y desproporcionado” de la fuerza.  

Mencionó que el 7 de marzo de 2022, la CNDH emitió la primera recomendación a la GN por “violaciones graves” a los derechos humanos, al acreditar que la institución “utilizó de manera ilegal la fuerza letal, y mintió en sus informes iniciales sobre el caso”.

Por ello, el informe subrayó que “de diciembre de 2018 a abril de 2022, la Sedena y la GN acumulaban 2,169 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH. Estas quejas están mayormente relacionadas con casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias”.

Preocupación por desempeño de militares en cargos civiles

Causa en Común refirió en su informe preocupación porque de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la participación de las Fuerzas Armadas al interior de instituciones públicas se ha incrementado.

“Si bien desde 2007 se puede ver este fenómeno, en la actual administración adquiere una intensidad inédita propia de un proyecto militarista. Así, además de la seguridad pública, militares ya ocupan posiciones directivas en instituciones de salud, migración, transporte y logística, además del manejo de puertos y aduanas”, dijo.

Resaltó que al menos 163 cargos de la administración pública han sido ocupados por integrantes –ya sea en retiro o en activo- de las Fuerzas Armadas.

“Entre estos cargos destacan la titularidad de 26 oficinas de representación estatales del Instituto Nacional de Migración, la dirección de 12 Administraciones Portuarias Integrales; así como la administración de 12 aduanas, la dirección de la Agencia Federal de Aviación Civil, el control de las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los Laboratorios Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la dirección de Administración y Finanzas del ISSSTE, y las subáreas de esta dependencia, como la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, la Subdirección de Almacenes y la Subdirección de Restauración y Mantenimiento”, mencionó.

jorge.monroy@eleconomista.mx

kg