Gobierno no la aplicaría; es ilegal, dicen expertos

Expertos constitucionalistas y en materia educativa, así como partidos de oposición se pronunciaron en contra del memorándum que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a diversas dependencias federales para suspender la aplicación de la reforma educativa en vigor.

En tanto, las fracciones disidentes del magisterio calificaron la medida como sólo “un mensaje político”.

López Obrador firmó el memorándum dirigido a las secretarías de Hacienda, Educación y Gobernación, a fin de que busquen dejar sin efecto la reforma aprobada en el sexenio de Enrique Peña.

“Mientras el proceso de diálogo (con los maestros disidentes) no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”, señaló el documento.

El político tabasqueño refirió en el escrito que en tanto se logra el consenso en el Congreso, la Secretaría de Educación Pública (SEP) se atendrá a los principios de una educación laica, obligatoria, pluricultural, de calidad y gratuita.

Indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará a cargo de la nómina magisterial e impedirá prácticas patrimonialistas, “aviadores” y cualquier forma de corrupción.

La SEP será la encargada de administrar las plazas docentes, evitando que se trafique con ellas, garantizará la contratación de los egresados de las escuelas normales y reinstalará a los maestros cesados “por la aplicación de las evaluaciones punitivas”.

“La Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas”, declaró el presidente.

Reacción de la CNTE

En entrevista con este diario, el líder de la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Eloy López Hernández, aseveró que el memorándum del presidente es mensaje político.

“Legalmente y jurídicamente pueden impugnarlo, sin embargo, es un documento que hace referencia al tema meramente político. Eso por supuesto nos indica que nuestras acciones han sido acertadas, de no haber accionado Oaxaca en los tres momentos, pues simplemente ya se hubiera dictaminado esa iniciativa y ya tuviéramos una nueva ley que no es acorde a la exigencia de la base magisterial”, dijo Eloy López.

El líder de la sección disidente de los maestros, que bloqueó en semanas pasadas en un par de ocasiones los accesos de la Cámara de Diputados para impedir que se discutiera la reforma educativa, precisó que el memorándum da la pauta para una mesa de diálogo entre el presidente y las secciones disidentes.

“De no ser así, es un llamado a misa si lo queremos entender también así”, expuso.

“Sin sustento legal”

Pedro Rubén Torres, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec, especialista en derecho constitucional, indicó que el memorándum viola las leyes vigentes, por lo que los secretarios de Estado deberían apegarse a la legislación más allá de lo que diga el presidente.

“Obviamente, el Ejecutivo tiene una jerarquía en su gabinete, sin embargo, hay también un marco legal que, si en algunos de esos momentos el Ejecutivo pudiera presionar a algún miembro de su gabinete para que cumpla (con el memorándum), estaría entre la espada y la pared, porque por el otro lado había algunos otros mecanismos de responsabilidad”, recordó el experto.

Torres Estrada destacó que, por eso, cuando un servidor público de alto rango como un secretario de Estado asume funciones, se realiza un juramento en donde se promete cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. “Evidentemente tiene que estar atento a que sus actos administrativos estén acotados a lo que la Constitución” dictamine, “incluso el mismo presidente estaría cayendo en una falta de competencia al querer suspender un acto legislativo a través de un acto del Ejecutivo”.

Por su parte, el también investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y de México Evalúa en materia educativa, Marco Antonio Fernández, opinó que es ilegal la orden del presidente y, en caso de que se aplique, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General y la Auditoría Superior deberán observar y perseguir a los funcionarios que cumplan con la orden del mandatario.

Antonio Fernández añadió que los legisladores pueden interponer una controversia constitucional, por lo que sería la Corte la última instancia en pronunciarse.

A su vez, el ministro en retiro José Ramón Cossío indicó mediante sus redes sociales que el memorándum “carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”, acotó.

El constitucionalista Miguel Carbonell publicó un video donde menciona que el memorándum carece de valor jurídico.

“El artículo 16, párrafo primero (de la Constitución), dice que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, el texto del memorándum firmado por el presidente de la República carece en su totalidad de fundamento jurídico, no se cita un solo precepto ni legal, ni constitucional, ni reglamentario”, dijo Carbonell.

Añadió que el artículo 89 de la Carta Magna también insta al Ejecutivo a cumplir con las leyes vigentes porque le dice al Poder Ejecutivo que “en la esfera administrativa que a ti te corresponde tienes que aplicar las leyes, no puedes decidir cuáles sí y cuáles no”.

Congreso y partidos

Las fracciones del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, donde se mantiene el dictamen de reforma educativa pendiente para ser votado en el pleno, tildaron la acción como autoritaria e ilegal.

Como partidos, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI calificó como inconstitucional la orden presidencial girada, mientras que Movimiento Ciudadano indicó que trastoca y rompe la división de poderes.