SCJN invalida recorte al INE para 2022 y ordena a Diputados emitir nuevo presupuesto

Al advertir que la Cámara de Diputados redujo para este año en más de 26% el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) sin ninguna motivación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el presupuesto para el INE, y ordenó a los Diputados federales que en un plazo de 30 días emita uno nuevo.

Los ministros de la Primera Sala aprobaron por unanimidad invalidar el decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022 publicado el 29 de noviembre de 2021, específicamente el artículo 13, fracción II, del Ramo 22.

Votaron por esta determinación los ministros Norma Lucía Piña, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, presidenta de la Primera Sala, propuso que el tema fuera turnado al tribunal pleno de la Suprema Corte, pero el resto de los ministros consideró que la Primera Sala tenía competencia para resolver el asunto.

“La Cámara de Diputados deberá analizar y determinar en sesión pública, lo que corresponda al anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, dentro del lapso de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación”, ordenó la Primera Sala.

El máximo tribunal dijo que en caso de estimar procedente la autorización de recursos adicionales, la Cámara de Diputados deberá tomar las medidas indispensables para que se haga la transferencia efectiva de los recursos a ese Instituto, o bien, en caso de que la decisión sea negativa, presente una motivación reforzada y con rigor técnico de su decisión.

La Primera Sala aclaró que el hecho de que haya concluido el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, cuyos recursos para su ejercicio fueron previstos en el anteproyecto de presupuesto 2022, no puede ser motivo suficiente para que, en cumplimiento de lo ordenado en este asunto, la Cámara de Diputados decida negar los recursos originalmente solicitados por el Instituto Nacional Electoral.

También estableció que si bien la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de modificar la cantidad originalmente solicitada por el INE, ésta debía ejercerse mediante la aplicación de un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar una reducción. Lo anterior, al estar en juego la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos y, en última instancia, la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Cabe destacar que actualmente la Cámara de Diputados se encuentra en periodo de receso, por lo que la resolución de la Corte deberá analizarse en la Junta de Coordinación  Política para determinar si solicita convocar a un periodo extraordinario de sesiones a través de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La mayoría de consejeros del INE esperaba este fallo de la Corte, para que en los posteriores ejercicios presupuestarios, y de cara a la elección federal 2023-2024 que incluye la renovación de la Presidencia de la República, haya claridad sobre los recursos que deben ser proporcionados al órgano electoral para cumplir con su responsabilidad constitucional de organizar los comicios.

“Ha valido la pena defender la autonomía y atribuciones del INE, así como acudir ante la SCJN reivindicando la vigencia del Estado de derecho”, planteó el consejero Ciro Murayama.

El 7 de diciembre del 2021, el Instituto Nacional Electoral presentó en la SCJN una controversia constitucional en contra del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, publicado el 29 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación. En dicho decreto, la Cámara de Diputados resolvió, entre otros aspectos, aplicar un recorte por 4,913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.

El órgano electoral consideró que dicho recorte careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, además de que le impedía el ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales, particularmente para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, para el cual requería 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo.

“Así, con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”, dijo en su momento el órgano electoral.

El INE, en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de la revocación de mandato como de una nueva consulta popular.

Y aplazan decisión sobre desafuero de Cabeza de Vaca

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó su decisión sobre si es constitucional y procedente el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y las órdenes de aprehensión en su contra que emitió la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En la lista de asuntos de la Primera Sala, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estaba prevista la revisión de los amparos 50/2021 y 70/2021 promovidos por el Congreso de Tamaulipas en contra del juicio de desafuero de la Cámara de Diputados, y las órdenes de aprehensión de la FGR hacia el mandatario estatal. Sin embargo, los asuntos fueron retirados por instrucción del ministro.

Cabe resaltar que ya en una primera resolución, la SCJN determinó que las autoridades federales pueden llevar a cabo algún procedimiento penal contra García “una vez que el servidor público concluya en su cargo” este año.

En mayo del 2021, a petición de la FGR, el juez federal Iván Aarón Zeferín del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya, Estado de México, giró orden de aprehensión contra el gobernador García Cabeza de Vaca, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, por separado, la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Se trató de una nueva imputación de la FGR contra el mandatario estatal basada en la información que recibió del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre su posible participación —y algunos de sus hermanos— en actos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

La FGR solicitó por primera vez en febrero del 2021 la aprehensión del titular del Ejecutivo de Tamaulipas, al requerir a la Cámara de Diputados su desafuero por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. (Jorge Monroy)

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