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Llaman a capacitar más que a modificar el SJP
Las instituciones necesitan cambios estructurales para que puedan responder a las exigencias del sistema penal, señaló María Novoa.
A un año de operaciones del nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP) no se deben realizar modificaciones en el marco jurídico del mismo, señaló María Novoa, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac).
En este momento, y más en los primeros años de operación del sistema, no se deben dar cambios a nivel de la norma, de la legislación, del código; hay que dejar que el sistema fluya, que se estabilice y es a partir de un proceso de evaluación, eso sí, ahí hacer ajustes , dijo.
Al presentar Hallazgos 2016. Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México , en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, la investigadora del Cidac manifestó que en la actualidad se están creando capacidades al nivel de la instituciones.
Lo que tenemos que lograr, señaló, a través de una estrategia nacional es crear institucionalidad, crear verdaderas instituciones que nos permitan tener algún funcionamiento óptimo del sistema penal acusatorio.
Cambiando la norma no vamos a cambiar la calidad de policía que tenemos, o la calidad de ministerios públicos, tenemos más bien que crear capacidad , reiteró.
Novoa consideró que en 11 años, de acuerdo a referentes de este mismo proceso en países de América Latina, pueden ser los años que se requieren para establecer un funcionamiento óptimo, no el máximo, no el mejor para comenzar a ver los beneficios del sistema.
Esto, indicó, pues las instituciones necesitan cambios estructurales para que puedan dar respuestas a las exigencias que trae el sistema acusatorio.
Nosotros planteamos que 11 años, sí, pero 11 años de acuerdo a ciertas condiciones, si no se dan ciertas condiciones en el proceso, ni en 20 años vamos a poder tener las instituciones que necesitamos , dijo.
La académica indicó que en la capacidad de investigación criminal de las fiscalías y procuradurías, está el mayor reto de esta reforma procesal penal, pues se necesitan ministerios públicos que conduzcan las indagatorias y peritos con capacidades para tener elementos científicos para trabajar pruebas.