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Moreno Valle no es Mario Marín, afirman
Mario Alberto Mejía, director de Sexenio Puebla, asegura que el gobernador poblano respeta la libertad de expresión en la entidad, contrario a lo que sucedía en el sexenio priísta de Mario Marín.
Mario Alberto Mejía, director del periódico Sexenio Puebla, descarta que en Puebla exista un gobierno autoritario; por el contrario, afirma, se actúa conforme al estado de derecho en el caso de los dos periodistas demandados el martes por supuesta difamación, denostación y otras faltas.
En Puebla veo una normalidad en el tema de libertad de expresión, contrario a lo que pasaba en el sexenio de Mario Marín, en donde sí hubo represión. El caso Lydia Cacho fue ejemplar, y brutal, y atrajo los reflectores nacionales e internacionales , considera Mejía.
Lydia Cacho fue víctima de acoso y amenazas cuando en el 2005 denunció en un libro una red de prostitución infantil operada, supuestamente, bajo la protección de funcionarios de los gobiernos de Quintana Roo y Puebla, durante la Administración de Mario Marín.
El martes, el gobierno poblano demandó a dos periodistas por abusos de la libertad de expresión en perjuicio del honor y la reputación del gobierno de Puebla mediante la ofensa, la denostación y la humillación de funcionarios .
En reacción, Arturo Rueda, director del diario Cambio, publicó una lista de 19 periodistas poblanos susceptibles de ser demandados por el gobierno, aunque sin tener total certidumbre.
Me llama la atención que en el caso de Puebla se haya generado tanto escándalo por una lista que ni si quiera es oficial. La lista, que ha todo el mundo ha preocupado, no salió del gobierno del estado, salió de la columna de Rueda , afirma Mario Alberto Mejía.
En cuanto a las demandas presentadas por el gobierno estatal el entrevistado indica que cualquier persona que se sienta agredida tiene el derecho de interponer una demanda contra el periodista que se haya excedido en calificativos o señalamientos, ese es un estado de derecho y los periodistas no tienen fuero para violar ese estado de derecho .
La posición del Gobierno en el tema de las demandas es que no busca una sanción económica contra los periodistas demandados, sino disculpas públicas de quienes difaman de manera recurrente .