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Pese a anomalías, estancias cumplieron
Aunque sí detectó algunas anomalías, la ASF determinó que el programa de estancias infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, que fue extinguido por el actual gobierno con el argumento de que hubo corrupción, cumplió con las disposiciones legales y normativas en el 2018.
Aunque sí detectó algunas anomalías, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el programa de estancias infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, que fue extinguido por el actual gobierno con el argumento de que hubo corrupción, cumplió con las disposiciones legales y normativas en el 2018, su último año de aplicación.
Mediante el programa de estancias infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, la extinta Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría del Bienestar, entregaba hasta el año pasado recursos de ese programa a 9,607 estancias infantiles, de ese universo, la ASF revisó una muestra de 400 millones de pesos, que representa 11.3% del total de los recursos ejercidos por el programa en el 2018 que fue de 3,556 millones de pesos.
Detectó, por ejemplo, que en la Ciudad de México y Michoacán se entregaron apoyos duplicados y erróneos por 32,000 pesos a cinco estancias infantiles en junio, julio, agosto, septiembre y diciembre del 2018, recursos que aún están en proceso de requerirles a las estancias su reintegro a la Tesorería.
Otra anomalía detectada es que la secretarías de Desarrollo Social en el Estado de México, Jalisco y Puebla no contaron con la documentación de las estancias infantiles que acredite que cumplieron con uno o varios criterios de permanencia e incorporación establecidos en las reglas de operación del programa para el 2018.
Por ejemplo, en el caso del Estado de México, la auditoría revisó los expedientes de 259 beneficiarios; sin embargo, la delegación de Sedesol en la entidad mexiquense únicamente pudo comprobar los expedientes de 124 de ellos, mediante documentos como la solicitud de apoyo a madres trabajadoras, copia de identificación oficial, acta de nacimiento por cada niño, CURP y certificado médico, entre otros. Por tal motivo, la ASF encontró un posible daño a la hacienda pública por 364,000 pesos.
Por tal motivo, la ASF dictaminó que “en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados”.