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Pide defensa de García Luna aplazar su juicio hasta 2023
La UIF arguyó, al clasificar el expediente de García Luna, que divulgar los datos afectaría su capacidad de acción contra los delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
En agosto del 2021, supuestos representantes legales de García Luna se presentaron ante la FGR para ser reconocidos como sus defensores
La defensa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, pidió al juez Brian M. Cogan de la Corte del Distrito Este de Nueva York que aplace el juicio del exfuncionario mexicano hasta 2023.
Mediante una carta firmada por la defensa de Luna, a cargo del jurista César de Castro, se solicitó al juzgador que el juicio sea aplazado para el 9 de enero del 2023 o incluso hasta febrero de ese año, en lugar del 24 de octubre de este 2022.
La defensa justificó su petición en el volumen de las pruebas presentadas que ascienden a más de un millón de páginas, las cuales considera analizar junto a García Luna, así como a la necesidad de que la defensa pueda investigar y entrevistar a testigos del caso.
En la misma misiva, la defensa señaló que en la audiencia del pasado 15 de julio, la fiscalía estadounidense realizó acusaciones “infundadas e imprudentes” sobre que la defensa intentaba “amenazar e intimidar a los testigos, así como tratar este caso en la prensa”.
Se refirió también que entre el material están 4,900 grabaciones de audio que se encuentran en formatos de notas de entrevistas a testigos y que, según la defensa, “usando la estimación extremadamente conservadora de dos minutos por grabación, eso significaría que el gobierno (estadounidense) está produciendo casi 165 horas de grabaciones”.
Buscan EU y México quedarse con bienes
Los gobiernos mexicano y estadounidense buscan quedarse con los bienes de García Luna que habría obtenido directa o indirectamente de sus actividades ilícitas.
En EU, al exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, se le señala de conspirar y traficar cocaína a la Unión Americana y falsedad de declaraciones.
En un documento fechado el 4 de diciembre del 2019, la fiscalía de EU le notificó al exfuncionario mexicano que, en caso de resultar culpable de alguno de los cargos en su contra, el gobierno solicitó “el decomiso de conformidad con el Título 21, Código de los Estados Unidos, Secciones 853(a) y 970, que requieren que cualquier persona condenada por tales delitos pierda: (a) cualquier propiedad que constituya, o derivados de, cualquier producto obtenido directa o indirectamente como resultado de tales delitos”.
En el documento se señaló también que se buscará decomisar los bienes aunque éstos hayan sido mezclados con otros.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó unos meses después, en septiembre del 2021, que había iniciado un proceso judicial en el estado de Florina, en EU, para recuperar 39 empresas, así como fideicomisos vinculados al exsecretario adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
“La presente demanda, se basa en violaciones a la Ley Rico de Florida, conspiración, y enriquecimiento injusto, entre otros”, indicó en ese entonces.
En mayo del 2022, la UIF decidió clasificar el expediente que tiene en sus sistemas sobre García Luna durante los próximos cinco años.
Lo anterior al considerar que divulgar la información daría pormenores de las acciones de inteligencia financiera que realiza la institución; afectaría también su capacidad de acción y sus atribuciones para perseguir los delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.