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Por adjudicación directa, 78% de contratos federales
La Auditoría Superior de la Federación determinó, en la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública 2020, un posible daño al erario público por 49,765 millones de pesos.
La ASF identificó inconsistencias dentro del sistema CompraNet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a que cerca del 21% de los contratos plasmados en esta plataforma durante el 2020 carecían de información, además de que se halló que el 78.8% de las contrataciones totales registradas fueron adjudicaciones directas, las cuales muestran una tendencia al alza.
Al revisar la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que si bien CompraNet tiene los mecanismos suficientes para que las dependencias a nivel federal puedan administrar y almacenar la información derivada de los procedimientos de contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, este sistema debe mejorar en la implementación de mecanismos de seguimiento y control que permitan asegurar que se cuente con información fidedigna, confiable y relevante que contribuya a la transparencia, honradez y eficiencia de las compras y contrataciones de la Administración Pública Federal (APF).
Y es que la ASF detectó inconsistencias que materializaron deficiencias en el registro de los 154,297 contratos suscritos en 2020, debido a que existieron 32,661 contratos (21.2%) que presentaron al menos una de 24 características, que deben ser publicadas en CompraNet, sin información.
Se identificó que, durante el año 2020, el 88.3% (138,262) de las contrataciones totales realizadas, no se sujetaron a procedimientos de licitación pública como regla general, tal como lo mandata la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el 78.8% de las contrataciones totales fueron por procedimientos de adjudicación directa; en el 6.5% por invitaciones a cuando menos tres personas y en el 3% mediante otras figuras.
También se encontró que la SHCP sólo brindó 441 asesorías sobre la doctrina jurídica, compras y contrataciones públicas, emergencias, técnicas, asimismo, cotejó nombramientos, emitió oficios de autorización a las áreas internas, brindó opiniones y remitió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) inconformidades de acuerdo con la normativa vigente.
A su vez, la ASF refirió, en la auditoría denominada “Evaluación a la Política de Compras Públicas”, que la adjudicación directa planeada tiene una tendencia creciente, mientras que han diminuido las licitaciones públicas.
Lo anterior, advirtió el órgano fiscalizador, “podría implicar que en la contratación pública no se asegure las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, e impida la libre competencia en las áreas prioritarias del desarrollo, por lo que se requiere fortalecer e incentivar a las dependencias y entidades de la APF a priorizar la licitación pública”.
Nuevo marco regulatorio
A su vez, la ASF advirtió que ante emergencias —como la pandemia de Covid-19— es necesario un nuevo marco regulatorio.
En la Auditoría de Desempeño: 2020-0-06100-07-0039-2021 a la SHCP denominada como “Regulación del Proceso de Compras y Contrataciones ante Situaciones de Emergencia” la ASF refirió que “no se identificaron ordenamientos jurídicos específicos para regular y supervisar el proceso de compras y contrataciones ante situaciones de emergencia”.
La Auditoría afirmó que si bien Hacienda es la encargada de conducir la política la política general en materia de contrataciones públicas “la competencia de la SHCP no se encontró definida”.
“En lo que hace a la operación de las contrataciones ante situaciones de emergencia, de los 9,306 contratos suscritos en 2020, se identificaron deficiencias en la información registrada en el sistema CompraNet, lo que reiteró las áreas de oportunidad en el marco regulatorio de las compras ante situaciones de emergencia (...) Dichas debilidades regulatorias permearon en su seguimiento en lo referente a la determinación de la competencia de los actores para su ejecución al diluir la intervención de la SHCP aun cuando es el conductor de la política general”.
Resultados generales
En general, al fiscalizar la Cuenta Pública de 2020, la ASF detectó un posible daño al erario por un total de 63,010 millones de pesos, de los cuales 49,765 millones de pesos fueron detectados durante la tercera entrega de informes, presentados ayer.
De 866 auditorías practicadas en la tercera entrega, un gran número de posibles irregularidades se concentra en el rubro de desarrollo económico, con 11,848 millones de pesos.
Mientras que el Gasto Federalizado es el rubro que concentra el mayor número de observaciones, con 30,522 millones de pesos.
Contrataciones de las FA por pandemia, con “irregularidades”
Al analizar el trabajo realizado por las Fuerzas Armadas durante el 2020, derivado de la emergencia sanitaria del Covid-19, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades que van desde la falta de comprobación de recursos que fueron utilizados para emplear a personal de la salud por parte del Ejército, hasta anomalías cometidas por empresas que participaron en las licitaciones de la Marina.
Como parte de la Tercera Entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2020, la ASF realizó Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-07100-19-0078-2021 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en donde determino 27 millones 664,391 pesos y 44 centavos pendientes de aclaración en qué fueron utilizados.
Y es que de acuerdo con el informe “Recursos Destinados a la Atención de la Pandemia por el Virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, la Sedena indicó que 27 millones 473,800 pesos fueron utilizados para pagar a personal de salud y mano de obra calificada durante la pandemia. No obstante, la ASF determinó que dichos gastos “no se encuentran soportados en nóminas”, aunado a que faltan 27 recibos de pago mediante los cuales se acredite la remuneración a 20 personas contratadas entre abril y diciembre del 2020.
En planeación, la ASF informó que la Sedena celebró ocho contratos con el fin de equipar un hospital, sin embargo, derivado de la falta de planeación para la remodelación “ocasionó que los bienes permanecieran sin uso entre seis y 10 meses”.
Anomalías en Semar
Por otra parte, en la Auditoría De Cumplimiento: 2020-0-13100-19-0088-2021, a la Secretaría de Marina (Semar) la ASF indicó que “en tres procedimientos de adjudicación se identificó que los bienes que las empresas que resultaron adjudicadas vendieron a la Semar, los adquirieron con otras empresas que también participaron en los mismos procedimientos de adquisición pero que cotizaron precios muy superiores a los de las empresas ganadoras”.
La ASF encontró también la adjudicación de contratos fundamentada en la distribución exclusiva de una marca de bienes, “no obstante que no se contaba con tal exclusividad”.
Sobre las investigaciones de mercado de la Semar, la Auditoría refirió que no se basaron en evidencias documentales, lo cual “originó que la Secretaría de Marina no pudiera obtener precios menores a los pagados consecuencia del intermediarismo de las empresas adjudicadas y personas físicas con las que los adquirió”.