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Suman 25 sistemas anticorrupción sin miembros completos
Nuevo León y Morelos son entidades catalogadas por ONG como sin transparencia.
Son 25 de 32 los Sistemas Locales Anticorrupción que permanecían incompletos, en sus designaciones, hasta junio de 2024, advirtió el informe “Las víctimas en el olvido: el debilitamiento de los Sistemas Anticorrupción de México (2018-2022)”, publicado por la organización Mexiro A.C.
La organización detalló que esto afecta el funcionamiento de las instituciones encargadas de la prevención, investigación y sanción de la corrupción en el país. Además, el aumento en la falta de designaciones, desde 2018, ha obstaculizado la capacidad operativa de los sistemas estatales y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); lo que, según la ONG, refleja una desvinculación entre la narrativa oficialista anticorrupción y la gestión pública efectiva.
“(Es necesario) fortalecer la autonomía e independencia de estos órganos, evitando posibles conflictos de interés o interferencias políticas que puedan comprometer su eficacia y credibilidad. Esta descentralización facilita una mayor participación de la sociedad civil en la supervisión y el control de las instituciones anticorrupción, promoviendo la rendición de cuentas y fortaleciendo la colectividad en la defensa de la integridad y la transparencia en la gestión pública”, se indicó.
Niveles de transparencia
Durante la presentación del informe, Fernanda Galicia, fundadora y directora de Mexiro A.C., reveló que sólo cuatro estados, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo y Jalisco, alcanzaron niveles de transparencia proactiva.
26 estados se encuentran en un tema de transparencia reactiva, es decir, que la información solamente la pudimos acceder por medio de solicitudes de información. Y esto es muy relevante en el momento y en el contexto actual en el que estamos, porque la siguiente semana se va a hablar en el Congreso sobre la desaparición de órganos autónomos. Y bueno, como ven, las personas accedimos a información muy relevante, como es esta investigación, a través de un instituto de transparencia, los Institutos de Transparencia del país”, detalló la especialista.
Además, destacó que Nuevo León y Morelos, “por la falta de designaciones y la falta de presupuesto que tienen en estas entidades federativas”, fueron las que el informe catalogó como sin transparencia.
Derechos humanos y género
“Al explorar las intersecciones entre género, poder y corrupción, el documento visibiliza las formas en que estas dinámicas afectan el acceso a derechos fundamentales, la participación política y la justicia social, especialmente para aquellos grupos que han sido históricamente marginados”, dijo Fernanda Galicia.
Y es que la directora de Mexiro añadió que la mayoría de los estados presentan serias deficiencias en la implementación de derechos humanos y la perspectiva de género en sus políticas públicas.
Explicó que se analizó si los sistemas estatales cumplen con las obligaciones legales y políticas públicas para garantizar derechos humanos y la igualdad de género y los resultados mostraron que “10 estados cumplieron por lo menos con un elemento de las características de los derechos humanos, estos son Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco”.
Mientras que 22 entidades no proporcionaron ninguna evidencia de cumplimiento o siquiera respondieron a las solicitudes de información por el tema.
Además, se destacó la falta de integración de la perspectiva de género en las políticas anticorrupción, haciendo un llamado a incorporar medidas que protejan a mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas.
Una de las principales demandas, se apuntó, es visibilizar la corrupción sexual, que el informe define como “exigir relaciones sexuales o actos de índole sexual en el contexto del abuso de autoridad, a través de la coerción psicológica y de un intercambio forzado de un acto sexual a cambio de un beneficio personal como el acceso a un servicio público”.
Este fenómeno, se detalló, aunque afecta a todas las personas, impacta con mayor gravedad a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.
“En el caso de la perspectiva de género (...) 10 estados tienen una calificación media: Aguascalientes, Campeche, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Rosa, Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala. Y el resto (de las entidades) del país no pudieron entregar ninguna evidencia y resultados del avance en el tema”, comentó.
El informe también enfatizó la importancia de garantizar la protección de las comunidades étnicas en México frente a los megaproyectos.