La primera reforma laboral del sexenio

Bastaron 10 días para darle trámite. La primera reforma laboral del gobierno de Claudia Sheinbaum fue presentada y vio la luz en el tramo final del primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI legislatura que concluyó la semana pasada, y con el apoyo de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión.

A pesar del intenso cabildeo en contra por parte de las plataformas –ahora formalmente reconocidas como empleadoras–, los legisladores dieron luz verde a la iniciativa del gobierno federal para incluir en la Ley Federal del Trabajo (LFT) un nuevo capítulo para reconocer los derechos laborales de quienes son repartidores y conductores de apps como Uber, DiDi y Rappi.

Como lo explicó Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, en el podcast Coffee Break de esta casa editorial de finales de noviembre, el gobierno estaba decidido en avanzar en este tema y no retrocedería en la decisión de reconocer los derechos laborales de este sector, sólo habría espacio para adecuar algunos aspectos de la implementación. Es decir, el fondo se mantenía y sólo la forma es la que podía llegar a cambiar.

Y así fue, entre que fue anunciada el 16 de octubre desde Palacio Nacional y que fue enviada a la Cámara de Diputados el 3 de diciembre, la iniciativa de reforma a la LFT fue negociada y ajustada directamente por la STPS tras reunirse con los directivos de las apps de reparto y de viajes que operan en el país, por lo que el texto propuesto fue aprobado sin ningún cambio en su paso por las cámaras de Diputados y de Senadores.

Algunos aspectos a destacar de la reforma:

• Protege contra accidentes a todas las personas que se dediquen al trabajo de reparto y viajes a través de las apps mientras duren los trayectos, independientemente de las horas que laboren. 
• Da acceso a seguridad social y reconocimiento pleno de derechos laborales a las personas que generen al mes al menos el equivalente a un salario mínimo. En términos del año 2025, las personas que tengan un ingreso mensual superior a 8,300 pesos serán sujetos de derechos como ahorro para el retiro, aguinaldo y vacaciones pagadas, entre otros.
• Se establecen reglas para el reparto de utilidades. Bajo este esquema, quienes laboren al menos 288 horas al año en tareas de reparto o de viajes serán sujetos de este derecho.
• Se obliga a las plataformas digitales a establecer contratos por escrito, los cuales tendrán que ser registrados ante las autoridades federales, además de dar a conocer a choferes y repartidores su política de gestión algorítmica en la que informen cómo se asignan los viajes, el impacto de las calificaciones de los usuarios y qué pasa si no se cumplen las instrucciones.
• Se conserva el modelo de flexibilidad que caracteriza a este esquema de trabajo y se deja en libertad a los repartidores y conductores para decidir cuándo, dónde, por cuánto tiempo y cuántas veces desean conectarse en una o más aplicaciones.

El gobierno estima que al menos 658,000 personas laboran como repartidores y choferes de Uber, DiDi y Rappi en el país. Tras la reforma, todos ellos estarán cubiertos contra accidentes en sus trayectos, las cuotas para el aseguramiento las tendrán que pagar las plataformas ante el IMSS.

Además, de dicho universo, se calcula que 272,000 personas generan un ingreso equivalente o superior al salario mínimo, por lo que serían los beneficiarios plenos de la reforma, es decir, quienes tendrán acceso a seguridad social y reconocimiento de derechos laborales. Con la ventaja que si una persona que todavía está por debajo de dicho umbral desea aumentar sus horas de trabajo para obtener los beneficios, estará en toda la libertad de hacerlo.

En las próximas semanas iniciarán el programa piloto en el IMSS y las mesas de trabajo con las plataformas para la implementación de la reforma, ya que una vez publicada ésta en el Diario Oficial de la Federación, las empresas contarán con 180 días de plazo para empezar a regirse por la nueva normativa.

Si bien la reforma es perfectible, es de reconocer que la administración de Claudia Sheinbaum decidiera entrarle a un tema que había estado en el tintero por varios años sin una respuesta concreta y del que ella había mostrado interés desde que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México en el sexenio pasado.

¿Será un primer paso para regular las nuevas formas de empleo de la economía gig? Sólo el tiempo dirá si la dirección tomada por México fue la correcta, pero de que habrá nuevas reglas para un modelo bastante lucrativo y sin responsabilidad patronal, de eso no hay duda… y la tendencia internacional va en ese camino.