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Suspenden uso de fondos del PJF para apoyos por Otis
La oposición en San Lázaro reiteró que los recursos son un derecho de los empleados.
Los poderes Ejecutivo y Judicial no podrán continuar la negociación en marcha para destinar más de 15,500 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) recién extinguidos por el Congreso de la Unión, a los damnificados de Guerrero tras el paso del huracán Otis, como propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y aceptó Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ello, debido a que Elizabeth Trejo Galán, jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
La suspensión provisional otorgada ordena no disponer “de los recursos a que hace alusión el decreto reclamado en detrimento de los derechos adquiridos de miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social, ligados a sus condiciones generales de trabajo y diversos acuerdos generales emitidos por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”.
Se aclara que la medida decretada “no afecta el interés social ni el orden público, pues además el decreto reclamado no especifica la finalidad para la cual se pretende emplear los recursos de los fideicomisos materia de dicha disposición de carácter general”.
La juzgadora resolverá el próximo día 14 si otorga la suspensión definitiva en el juicio referido.
El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de Jufed, informó del otorgamiento de la medida cautelar en un mensaje que ofreció desde las afueras de la sede del Palacio de Justicia Federal San Lázaro, en la capital del país.
Explicó que la suspensión provisional tiene efectos generales y trasciende a todo el personal del PJF y se vincula con todos los fideicomisos de la SCJN y el CJF, y favorece a los empleados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Lo anterior significa, dijo, “que será el resultado de una sentencia constitucional, no de un acuerdo de mayorías ni de planteamiento político alguno, lo que defina el destino correcto de los fondos de los diversos fideicomisos con que cuenta el PJF.
“En dicha sentencia, con toda seguridad se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado el decreto (impugnado), las violaciones a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de todos los que integramos la Judicatura federal”.
Recursos ante SCJN
Por su parte, ayer, los líderes parlamentarios del Frente Amplio por México de la Cámara de Diputados, dieron a conocer que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma al Poder Judicial de la Nación que eliminó 13 de los 14 fideicomisos que tenía.
Los integrantes del PAN, PRI y PRD en San Lázaro, acusaron que la eliminación de estos recursos a propuesta del presidente López Obrador y avalados por Morena, vulneran la Constitución y la división de poderes, y pretenden debilitar al Poder Judicial y a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Romero Herrera, destacó que los fideicomisos que extinguió la reforma al Poder Judicial no eran para privilegios de las y los ministros, sino para el personal operativo, y “no puedes tú tener un derecho adquirido y que después te lo quiten, es absolutamente inconstitucional.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, reiteró que esta reforma es un atropello a la división de poderes y es una más de las muestras para debilitar a las instituciones del país.
Ejemplificó que los efectos del huracán Otis se maximizaron por la destrucción de las instituciones como el Sistema Nacional de Protección Civil y por quitarle recursos a los estados y los municipios.
Mientras que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Luis Espinosa Cházaro, coincidió en que esos fideicomisos no eran para privilegios, sino derechos adquiridos por los trabajadores de base del Poder Judicial.