Ven hostigamiento y uso del aparato de justicia contra 31 investigadores

Luego de que un juez federal negó a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores, acusados por el Conacyt de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, investigadores calificaron el hecho como un acto intimidatorio y de hostigamiento, así como un uso del aparato de justicia para hostigar a los académicos críticos.  

“Para los consejeros universitarios investigadores de la UNAM son inaceptables este tipo de amenazas o presiones sobre distinguidos y apreciados colegas de nuestra universidad, así como contra estudiantes y empleados públicos, por lo que exigimos cese el hostigamiento contra los 31 acusados de la manera arbitraria y sin fundamento ya descrita, a quienes expresamos nuestra total solidaridad”, dijeron académicos en una carta a la opinión pública.

“Demandamos el alto a los intentos de intimidación contra las voces críticas en la academia. En particular, exigimos atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el desistimiento de las solicitudes de órdenes de aprehensión sin fundamentos y el alto al uso indebido de la procuración de justicia en la política científica y académica de la nación”, añadieron. 

La carta fue signada por Raúl Aguirre Gómez del Instituto de Geografía; Raúl José Bobes Ruiz y Ana María Cevallos Gaos del Instituto de Investigaciones Biomédicas; Octavio García Valladares del Instituto de Energías Renovables; Diego González Halphen del Instituto de Fisiología Celular; Víctor Joaquín Jaramillo Luque del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad; Bertha Lerner Sigal del Instituto de Investigaciones Sociales, entre otros.

María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que acusó a 31 académicos de haber usado ilegalmente entre 2013 y 2018 la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C para recibir recursos públicos por un global de 200 millones de pesos, que no obstante fueron asignados por el propio Conacyt.

“La acusación de la FGR resultó insostenible como lo demuestra el hecho de que el juez de control federal resolvió negar las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público, al considerar insuficiente el planteamiento de la Fiscalía, ya no se habían aportado los datos necesarios para poder analizar los hechos y la intervención de cada una de las personas supuestamente involucradas”, dijeron los académicos de la UNAM.

“Las acciones de la FGR y el Conacyt son muy preocupantes ya que ambas instituciones decidieron dirimir un debate de política científica -en tiempos de encono político y asuntos públicos más urgentes que atender- y llevar sin sustento legal este asunto a las instancias institucionales más amenazantes posibles, enviando así una señal ominosa que intenta acallar las voces críticas al actual desempeño del Conacyt”, argumentaron.

Dijeron que la recepción de los recursos a los investigadores al ser así establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación sobre los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que fue lícito que el Conacyt hubiese otorgado recursos públicos al Foro para su operación desde el 2002 hasta el cambio del Estatuto Orgánico del Conacyt el 17 de febrero de 2020.