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Ven rezagos en sistemas anticorrupción
Expertos señalan que la falta de designaciones dentro de los comités y comisiones contribuye a pocos avances.
La Ciudad de México se encuentra en proceso de elaborar una política anticorrupción. Foto: Especial
Al cierre del 2023, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 29 estados cuentan con una Política Estatal Anticorrupción. Nuevo León y Baja California están por aprobar las mencionadas políticas y Ciudad de México se encuentra en elaboración de una. Especialistas señalaron que la lenta integración de comités de participación ciudadana (CPC) y la dificultad de la coordinación interorganizacional, contribuyen a la falta de avances.
En cuanto a Política Estatal y Programa de Implementación, sólo 15 entidades cuentan con éstas , entre ellas Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y Baja California Sur) y 14 entidades sólo cuentan con la política estatal aprobada (Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán).
Por otro lado, según datos, hasta el 18 de diciembre de 2023, de la mencionada secretaría del SNA, 11 CPC, 15 comités de selección y 10 comisiones ejecutivas, se encontraban inoperantes por falta de designaciones.
Fernando Nieto, profesor-Investigador y Coordinador del Diplomado Control y Análisis de la Corrupción del Colegio de México, identificó dos grandes campos que dificultan el avance en la implementación de políticas anticorrupción estatales: técnicas y políticas.
“Primero serían cosas más de tipo técnico. Una serie de dificultades asociadas con la formulación de políticas anticorrupción y de la implementación de éstas que tiene que ver con cosas como por ejemplo la definición de fenómenos específicos de corrupción; cómo se conjuga con herramientas concretas que se puedan desplegar y pues son temas muy complejos.
“El otro gran campo tiene que ver con razones políticas; y aquí pues hay varias, para empezar, el gran problema que tenemos en términos de la politización del combate a la corrupción… es que el combate a la corrupción se convirtió, por un lado, en una especie de token… se empezó a usar como una especie de bandera para todo… también empezó a utilizarse de manera facciosa. Entonces cuando convenía a ciertos objetivos políticos, entonces sí se avanzaba en la agenda anticorrupción, cuando no, pues digamos se dejaba en el olvido”, afirmó el académico.
También, destacó que la oposición política ha llevado a la paralización de fiscalías especializadas, en la materia, en algunos estados, lo cual ha impactado negativamente en la implementación de políticas anticorrupción.
Sin embargo, al hablar sobre si es necesario realizar ajustes o cambios al Sistema Nacional Anticorrupción, el especialista defendió la necesidad de darle más tiempo al modelo vigente.
Lentitud
Mientras que Ricardo Alvarado Andalón, investigador en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que la lentitud en las designaciones al interior de los sistemas estatales anticorrupción repercute en lo relacionado con la aprobación de las mencionadas políticas, una vez formuladas.
“A veces pasan cosas como en Nuevo León, por ejemplo, entiendo que la Secretaría Ejecutiva está haciendo un importante esfuerzo por terminar la política estatal anticorrupción, pero ahora no hay CPC, ya no existe, ya no queda nadie dentro del CPC, entonces, pues hay un esfuerzo que ya no va a poder concluir hasta que haya CPC completo”, afirmó el especialista.
El experto, también, destacó la importancia de no subestimar el talento ciudadano y los servidores públicos involucrados en los comités y secretarías ejecutivas, subrayando la necesidad de alinearlos con los objetivos originales.