Advierten costos altos al judicializar el acceso a la información

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (Inai), Josefina Román Vergara, advirtió que, si los casos de acceso a la información se transfieren a los tribunales de Justicia Administrativa, el proceso podría volverse más lento y costoso. 

“En el Inai, por ejemplo, debemos, ahí está el informe, resolver al año, no sé, alrededor de 15,000 recursos de revisión, habría que costear. ¿Cuánto costarían 15,000 juicios del Tribunal de Justicia Administrativa? No sé si saldría más barato o más caro, tendría que checarlo”, puntualizó la funcionaria en entrevista con El Economista.

Asimismo, Román Vergara subrayó que, aunque la propuesta del gobierno federal de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se enfoca en el combate a la corrupción, la transparencia es un pilar preventivo esencial para esta lucha.

"La transparencia y el acceso a la información es el primer pilar preventivo del combate a la corrupción", afirmó, recalcando que muchos de los casos de corrupción han sido descubiertos gracias a solicitudes de información realizadas a través del Inai.

En cuanto a la creación de la Secretaría Anticorrupción, Román Vergara mostró escepticismo respecto a cómo se garantizarán los derechos de los ciudadanos en un esquema donde los tribunales asuman un rol más protagónico.

"El segundo pilar es lo que llamamos la información, la investigación, y en la investigación, pues es todo lo que implica actos de fiscalización a nivel federal: está la Secretaría de Función Pública, está la Auditoría Superior de la Federación, está en un momento dado la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, y al final, en la tercera etapa, pues evidentemente está el fincamiento de responsabilidades, sobre todo en la legislación actual se llaman faltas graves”, precisó la comisionada del Inai.

De igual manera, la comisionada sostuvo que los tribunales no están preparados para realizar las tareas que el Inai desempeña. Además sugirió que sería necesario otorgar nuevas atribuciones a estas instancias si se pretende que asuman la responsabilidad de resolver las solicitudes de información.

Retrocesos

Por su parte, Ricardo Alvarado Andalón, investigador en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), advirtió que la propuesta del gobierno implicaría no sólo un retroceso en el acceso a la información pública, sino también un aumento en los costos y la complejidad del proceso.

Durante una entrevista, el experto destacó los riesgos que conllevaría trasladar las resoluciones a los tribunales de justicia administrativa.

Uno de los principales problemas señalados por Alvarado es que, bajo el sistema propuesto, los ciudadanos tendrían que recurrir a un tribunal que depende del Poder Ejecutivo, lo cual podría generar conflictos de interés.

“Si el tribunal depende del mismo poder que está bloqueando la información, como en el caso de proyectos militares, no libramos el conflicto de intereses”, expresó Alvarado.

El especialista destacó que, aunque el gobierno argumenta que la desaparición del Inai podría generar ahorros, estos serían mínimos en comparación con los costos adicionales que los ciudadanos y medios de comunicación enfrentarían para acceder a la información.

Alvarado Andalón también subrayó que los tribunales de justicia administrativa no están preparados para manejar este tipo de casos sin generar una carga adicional. “No se dedican a esto en la actualidad, por lo que será necesario contratar más personal y enfrentar una curva de aprendizaje que tendrá un costo para la sociedad”, advirtió.

“Los tribunales administrativos no se están dedicando hasta ahorita (a tareas de este tipo), entonces, sí se va a tener que contratar gente, pero, además, inevitablemente va a haber curvas de aprendizaje, donde probablemente irán a dar las personas que pierdan su trabajo si desaparece el Inai y los órganos locales; pero esa curva de aprendizaje también va a tener un costo para nosotros. Habrá un tiempo inevitable en el que perdamos rastro de cierta información”, denunció el especialista.

Por otro lado, comentó que el presupuesto actual del Inai es de aproximadamente de más de 1,000 millones de pesos, y que incluso aunque se recorte una cuarta parte de ese presupuesto, el ahorro no sería considerable.

Además, consideró que, el mantener a todos los empleados del Instituto, como se aseguró tras la reunión entre los comisionados del Inai y la Segob, no implica un ahorro a las arcas públicas.

Posibles obstáculos 

• Conflicto de intereses: La designación de los magistrados de los tribunales de justicia administrativa dependen del poder Ejecutivo, lo que generaría un conflicto de intereses en casos donde se busque acceder a información protegida por el propio gobierno.
• Requerimiento de conocimiento técnico-jurídico: A diferencia del Inai, donde los ciudadanos pueden presentar quejas fácilmente, el proceso en los tribunales requeriría de abogados, lo cual complicaría el acceso a la información para la mayoría de las personas.
• Carga de trabajo adicional: Los tribunales tendrían que contratar más personal y enfrentar una curva de aprendizaje.
• Retrasos en el acceso a la información: La transición a tribunales más lentos implicaría que los casos tarden más en resolverse, dificultando el acceso oportuno a información pública.
• Encarecimiento del proceso: Los ciudadanos tendrían que incurrir en gastos adicionales para contratar abogados, lo que encarecería el proceso de acceso a la información.
• Riesgo de pérdida de información: Durante la curva de aprendizaje de los tribunales, es posible que haya un periodo en el que se pierda el acceso a cierta información pública.