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Advierten parálisis de juzgados tras reforma al PJ
El acceso a la justicia en México será “mucho más difícil” por una curva de aprendizaje enorme.
La reforma constitucional del Poder Judicial complicaría a los ciudadanos la defensa de sus derechos, sobre todo el de acceso a la justicia, y terminará con la carrera judicial y la independencia judicial, anticiparon activistas, estudiantes e investigadores.
“Para las personas va a ser muchísimo más difícil defender sus derechos en el contexto de los nuevos poderes judiciales”, afirmó Laurence Pantin.
Durante el conversatorio “Reforma judicial: Desde la mirada de la sociedad civil, la academia, la abogacía y la comunidad estudiantil”, realizado en el marco de la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), la presidenta de la asociación civil Juicio Justo aseguró que habrá “poderes judiciales mucho menos eficientes porque la remoción de todas las personas juzgadoras del país en un periodo de dos años y sustitución por personas que potencialmente, y muy probablemente no tengan ninguna experiencia en la impartición de justicia” llevará “a una parálisis de los juzgados y tribunales de todo el país durante un buen rato”.
Desde su perspectiva, el acceso a la justicia será “mucho más difícil por esta parálisis, porque las personas que van a llegar tendrán una curva de aprendizaje enorme”.
“Ser juez no se improvisa, es algo que se aprende con muchos años”, dijo.
Además de que las “limitaciones al amparo” dificultará el hecho de que las personas puedan defender y proteger sus derechos.
“El trasfondo de esta reforma, lo que realmente está en juego y en peligro es la independencia judicial porque, más allá de la elección de jueces, el riesgo es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial con causales tan amplias para investigar a las personas trabajadoras de los poderes judiciales”.
Todos estos aspectos, explicó, hacen que sea muy difícil que la independencia judicial “sobreviva’’ en los próximos años.
Jóvenes desmienten
María Solange Estrada, estudiante de la Escuela Libre de Derecho, desmintió el argumento de que la reforma judicial fue diseñada para los jóvenes.
“La justificación fue que la reforma fue hecha para que los jóvenes participen, abrir espacios y que puedan ser electos mediante voto popular, pero la mayoría sentimos que nunca fue esa la intención’’, afirmó.
Y, con sorna, comentó “yo no sé cómo eso nos abre las puertas, en ninguna forma. La preparación como abogado es lo que nos abre las puertas para formar parte del Poder Judicial. Estudiamos, nos preparamos, pasamos nuestros exámenes, entramos a trabajar para ganar experiencia, concursamos, a fin de ser secretarios y poco a poco escalar en lo que se llama carrera judicial; ahora ya no va a ser así’’.
“Sentimos exclusión por parte de la reforma”.
Los jóvenes tendrán “que entrar al nuevo sistema de justicia, que probablemente va a ser perjudicial para justiciables, abogados, e incluso para quienes no quieran ser funcionarios públicos litigar en estas condiciones será verdaderamente más complicado’’, auguró, “porque al final del día uno litiga y da argumentos cuando espera que el juez que está resolviendo su asunto sea competente, imparcial e independiente… La reforma acaba con la independencia judicial”.
En su turno, José de Jesús Orozco Henríquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que la reforma judicial “nos afecta a todas y cada una de las personas porque viola nuestro derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial que proteja nuestros derechos”.
Eso es “sumamente grave”, consideró, y dijo confiar en “que haya jueces en el país que protejan nuestros derechos”.
Dijo solidarizarse con las personas juzgadoras por la violación a sus derechos humanos de que están siendo víctimas ante este cese masivo, arbitrario y sin justa causa.
“Se viola ese derecho humano a la independencia judicial individual de cada integrante de la Judicatura federal, y en su oportunidad sería lo mismo con las judicaturas locales, pero que tienden a concluir su encargo en la fecha prevista en su nombramiento y que se les está violando de esta manera.
“También el derecho a la independencia judicial institucional. Esto es, la autonomía orgánica ante este cese masivo que echa por la borda a la carrera judicial y se corre el riesgo de una posterior captura partidista vía electoral del propio Poder Judicial”, concluyó.