Guardia Nacional se quedaría a cargo del Ejército

Al cierre de la edición, el pleno de la Cámara de Senadores se disponía a votar la enmienda a la Constitución que establece la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se preveía la aprobación del decreto correspondiente con el voto de los senadores de Morena y sus aliados del PVEM y PT, y el del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez (86 en total); los grupos parlamentarios del PAN, PRI y MC, que suman 42, anunciaron que votarían en contra.

Por tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requiere una votación equivalente a dos terceras partes de los presentes; 86, en caso de asistir los 128 senadores que conforman la Cámara Alta.

De aprobarse el decreto, será remitido a las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su aprobación; es necesario que la reforma se apruebe por al menos 17 para que el Ejecutivo federal ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras de lo cual entrará en vigor.

Carácter civil

“La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia (...) La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional”, cita la adición al artículo 21 constitucional.

Así como que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías “y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia”, y que “las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas, profesionales y de carácter civil”.

En suma, el decreto modifica 12 artículos de la Constitución.

La enmienda al artículo 89 precisa que es facultad del presidente de la República nombrar, con aprobación del Senado, a los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia nacional, y disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley.

El Congreso de la Unión tendrá 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para armonizar el marco jurídico en la materia y adecuarlo al contenido de la reforma.

El Sexto transitorio prevé que el Ejecutivo federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la GN y quede adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.

Riesgos

Ayer un grupo de expertos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por los derechos humanos.

Lo que es “extremadamente preocupante” para los expertos es que la reforma podría aumentar el riesgo de que se presenten casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

“Si se adopta, México estaría contradiciendo numerosas recomendaciones emitidas por los órganos de tratados y procedimientos especiales de la ONU”, advirtieron.