Jufed y Judicatura discrepan por cambios al PJF

La decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de participar en la ejecución de la reforma constitucional del Poder Judicial, viola la ley, consideró la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed). 

La víspera, el CJF aprobó por cuatro votos contra tres, uno de estos el de Norma Piña, su presidenta y del Poder Judicial de la Federación (PJF), no acatar las suspensiones ordenadas por jueces de Distrito, entre otras no entregar al Senado la información que prevé la reforma judicial para seleccionar a la mitad de los magistrados y jueces federales del país que serán electos el 2 de junio del 2025.

Mediante la circular 21/2024, fechada el pasado día 9, el CJF informó que en sesión ordinaria, “derivado de las mesas de trabajo y de diálogo con las asociaciones de los titulares de los órganos jurisdiccionales y representantes de los trabajadores convocados”, el pleno aprobó por unanimidad 25 peticiones específicas y una con el voto en contra de dos consejeros.

La única petición aprobada por mayoría de votos plantea “que la carga de trabajo acumulada durante la suspensión de plazos —es decir, durante el paro de labores que inició el pasado 19 de agosto y terminaría hoy— se atienda de manera gradual”; el acuerdo consiste en exhortar a los titulares “de los órganos jurisdiccionales que para abatir estas cargas extraordinarias, lo realicen de manera gradual y con respeto a las jornadas ordinarias de trabajo”.

Rechazo

Mediante comunicado de prensa, la Jufed manifestó “su enérgico rechazo a la determinación tomada” por el CJF, “de participar en la ejecución de la reforma judicial en desacato a las determinaciones judiciales emitidas por el Poder Judicial de la Federación, sin establecer un diálogo con las personas juzgadoras directamente involucradas, lo cual vulnera gravemente el marco institucional y legal que rige nuestro país”.

Según la asociación, “el incumplimiento de las suspensiones otorgadas por personas juzgadoras federales para frenar dicha reforma constituye una clara ruptura del Estado de derecho y una violación directa a la división de poderes, pilar fundamental del sistema democrático en México. El respeto a las decisiones judiciales es una condición indispensable para la preservación de la legitimidad y la confianza en nuestras instituciones”.

“La implementación de la reforma judicial, contraviniendo las suspensiones otorgadas, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de derecho y la legitimidad democrática del gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum al generar una crisis constitucional”.

Los magistrados y jueces hicieron “un llamado urgente a los poderes Ejecutivo y Legislativo a la civilidad democrática, al respeto a las instituciones y a la adopción de decisiones que se apeguen estrictamente a la división de poderes y la legalidad’’.