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La prioridad: el desarrollo urgente de la infraestructura energética nacional
México es un país con grandes oportunidades en materia energética. Por señalar un ejemplo, cuenta con una radiación y temperatura envidiable, potencial para ser un jugador mundial en generación de energía fotovoltaica. El mismo caso para la geotermia ya que contamos con uno de los yacimientos geotérmicos más grandes del mundo. Por otro lado, al norte del país se encuentra una de las zonas de mayor desarrollo y explotación de gas natural.
No obstante, podemos contar con este potencial energético, pero nunca podrá ser aprovechado en su plenitud si no existen los medios para transportarlos, es decir la infraestructura necesaria para mover los electrones o hidrocarburos a los lugares de consumo.
En el VI Foro Nacional de Energía organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en mayo de 2021, se trató como uno de los temas centrales, la cuestión de la infraestructura energética nacional. En cuanto a la electricidad se habló del Sistema Eléctrico Nacional y en cuanto a hidrocarburos del transporte por vehículo y ductos de hidrocarburos y petrolíferos, así como del almacenamiento.
Como parte de las conclusiones, se manifestó que existe una gran necesidad de construir más kilómetros de redes eléctricas y de gasoductos para brindar a la población energéticos de calidad, limpios, baratos y abundantes. No obstante, aunque es responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y tomando en cuenta que las dos empresas productivas subsidiarias llamadas CFE Transmisión y CFE Distribución tienen el monopolio en esto y son superavitarias, causa extrañeza que prácticamente no se han construidos más líneas de transmisión en lo que va del sexenio.
Por el lado de los hidrocarburos, aunque la ley mexicana permite a los particulares construir y operar ductos, la Comisión Reguladora de Energía ha ralentizado el otorgamiento de permisos en estas actividades tales como de transporte por ducto y principalmente de almacenamiento, lo que ha ocasionado una parálisis en estas actividades.
La realidad es que hemos entrado en un círculo vicioso en donde por un lado no se permite al sector privado participar en robustecer la infraestructura energética del país a pesar de que existen los recursos, el conocimiento técnico y el deseo de aportar en la materia, y por otro lado, el gobierno quien tiene el control de estas actividades, no invierte en ello. El resultado final es que el mayormente afectado es el consumidor mexicano.
Ya sea que el gobierno mexicano carezca de dinero, de tiempo o de interés, queda clara la necesidad de permitir al sector privado participar en estas actividades productivas de trascendencia para la vida económica nacional. En este sentido, el IMEF ha hecho constantes llamados al Ejecutivo Federal (y lo seguirá haciendo, buscando siempre los mejores intereses de México) para que en seguimiento a lo establecido en la Constitución y en las leyes energéticas, permita la inversión tan necesaria, siempre bajo su planeación y coordinación.
Esperemos que una vez que termine la discusión y votación de la reforma constitucional energética promovida en octubre de 2021, y se disipen las nubes de duda e incertidumbre, se fijen reglas claras del juego que permitan impulsar el fortalecimiento de la infraestructura energética nacional.
* El autor es presidente del Comité Técnico Nacional de Energía del IMEF.
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