Accendo tiene deuda con organismos públicos por 3,000 millones de pesos

Si bien, Javier Reyes de la Campa fue la parte más visible en la revocación de banco Accendo, su hermano, Luis, quien también era accionista, era el encargado de una de las líneas de negocio más importantes de la entidad: los tratos con organismos gubernamentales.

Actualmente, Accendo tiene una deuda reconocida con 407 acreedores por un total de 5,840 millones de pesos, de los cuales 3,024 millones de pesos corresponden a organismos gubernamentales.

Documentos en poder de este medio, describen que, al 15 septiembre del 2021, días antes de la revocación de Accendo, 63% de la captación total del banco estaba integrada por instituciones gubernamentales.

Del total de la deuda con organismos gubernamentales, 95% corresponde a 12 entes públicos que fueron depositantes de Accendo y que recibieron el pago correspondiente al seguro de depósito hasta por 400,000 Udis, que en ese entonces equivalía a 2.7 millones de pesos, pero al tener recursos superiores a esa cantidad, tienen que esperar al proceso de liquidación de la entidad para recuperar algo más.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la mayor parte de los organismos gubernamentales involucrados tenía recursos en chequeras y no en cuentas a plazo.

Según la lista de acreedores, la Secretaría de Finanzas del gobierno de Hidalgo es el organismo público al que más le debe Accendo, con una deuda de más de 807 millones; seguido del gobierno de Puebla, al que le adeudan cerca de 604 millones de pesos y los Servicios de Salud de Veracruz, entidad acreedora por 357 millones de pesos.

Asimismo, a los municipios de Tlalnepantla de Baz y de Zapopan el banco les adeuda 315 millones y 303 millones de pesos, respectivamente. Al estado de Tamaulipas, Accendo le debe 179 millones de pesos y al del Estado de México, 112 millones de pesos.

Los 12 organismos públicos que fueron depositantes directos del banco, en el proceso de liquidación, deben esperarse a cobrar algo luego de que se liquiden los créditos con garantía, obligaciones ficales y laborales, así como aquellos relacionados con alguna situación especial.

A los gobiernos estatales de Oaxaca, Durango y Tamaulipas el banco también les debe 49 millones, 46 millones y 25 millones de pesos, respectivamente, pero no por ser depositantes de la entidad, sino por tener alguna obligación distinta al depósito de recursos, sin tener más detalles al respecto.

Estos tres últimos organismos podrán cobrar algo, después de que se pague a los depositantes directos del banco.

Chihuahua se salvó

Según un documento de la CNBV, el 15 de septiembre del 2021, el gobierno de Chihuahua, ya bajo el mandato de Maru Campos, depositó 800 millones de pesos en Accendo, pero dos días después, en vísperas de la revocación del banco, se retiraron dichos recursos.

En la parte de su cartera de crédito del banco, equivalente a más de 2,200 millones de pesos, se detalla que uno de los acreditados de esta entidad fue Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de México, quien recibió un préstamo por 20 millones de pesos.

Hermanos Reyes de la Campa, entre los acreedores

Si bien en su calidad de accionistas, los tres hermanos Reyes de la Campa (Javier, Luis y Óscar) no deben recibir recursos provenientes de la liquidación de Accendo, en la lista de acreedores de esta entidad aparecen, sin que, hasta el momento, esté claro el por qué.

Dentro de la lista de acreedores del banco, en poder de este medio, aparecen los hermanos Reyes de la Campa como acreedores; a Javier se le deben 558 pesos, a Óscar 297 pesos y a Luis, 124 pesos.

Además, Grupo Accendo S.A.P.I de C.V, principal accionista directo del banco — dónde los Reyes de la Campa son accionistas— está reconocido como acreedor por una deuda de más de 642 millones de pesos.  Todas estas personas tanto físicas como morales, están dentro del rubro de obligaciones distintas al pago de ahorro, que excede el monto del seguro, así como a las prestaciones laborales, sin que haya más detalle al respecto.

El pago a estos sujetos vendría una vez que se hayan liquidado las obligaciones relacionadas con temas fiscales, créditos con garantía, resoluciones laborales, financiamientos que tengan un privilegio especial o el pago a los ahorradores directos del banco.

En la estructura administrativa del banco, Javier era presidente y director general de la entidad; Óscar fungía como representante legal y quien, según fuentes, se encargaba de las relaciones en el extranjero; mientras que Luis cerraba los tratos con los gobiernos estatales.

Para la CNBV, el papel de Javier como presidente del consejo de administración y a la vez director general, representaba un claro conflicto de interés, al concentrar en una misma persona las funciones de autorización, ejecución, vigilancia y evaluación de las operaciones de la entidad.

En este escenario, la CNBV detectó que en sesiones del 2019 y el 2021, Javier Reyes de la Campa no se abstuvo de votar sobre asuntos que implicaban un conflicto de interés, como modificaciones a la estructura del banco o la autorización del otorgamiento de un bono de desempeño para él, equivalente a 12 meses de su sueldo.