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Tiran bloqueos de recursos a la UIF; descongeló $10,500 millones en el 2019
El desbloqueo se dio por decisiones de los jueces de amparo que otorgaron una suspensión.
Foto: Notimex
El gobierno de México tiene serias dificultades para inmovilizar los recursos de presuntos delincuentes que buscan lavar dinero en el sistema financiero. Durante el 2019, los señalados por las autoridades de cometer diversos ilícitos, que podrían derivar en blanqueo de capitales, lograron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueara más de 10,500 millones de pesos, 4.6 millones de dólares y 9,000 euros, cifras históricas de acuerdo con los registros de esta instancia de la Secretaría de Hacienda.
El congelamiento de recursos alojados en el sistema financiero, por parte de la UIF, a presuntos delincuentes es una medida cautelar que tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pueden dar paso al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, ante decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se dieron desde el 2017, este recurso de la UIF se ha mermado y a pesar de haber logrado bloquear una cantidad récord durante el 2019 (más de 4,000 millones de pesos), los señalados utilizaron los mecanismos legales para que sus recursos, en primera instancia congelados, fueran desbloqueados posteriormente.
Según datos de la UIF, la mayor parte de los recursos desbloqueados se dio por decisiones de los jueces de amparo que otorgaron una suspensión —temporal o definitiva— al bloqueo de recursos, contemplado en la Ley de Instituciones de Crédito.
En el 2017, la SCJN resolvió por primera vez que dicho mecanismo era inconstitucional debido a que la unidad realiza acciones de investigar y perseguir delitos facultadas sólo al Ministerio Público.
Durante el 2018 y el 2019 salieron resoluciones similares en la SCJN, pero para el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, especialmente hay una resolución impulsada por el ahora exministro Eduardo Medina Mora, que cercenó las facultades de la UIF y que ha provocado el desbloqueo de gran parte de los recursos que la unidad ha asegurado.
De acuerdo con la resolución que impulsó Medina Mora, el congelamiento de cuentas por parte de la UIF es válido sólo cuando sea un pedimento de un organismo internacional, mientras cuando se trate de una autoridad nacional, el juez tendrá la decisión de desbloquear o no los recursos inmovilizados.
“Durante el 2019 también aumentó el número de juicios de amparo (muchos de ellos por el congelamiento de cuentas), esto se debe a una jurisprudencia que fue impulsada por el exministro Eduardo Medina Mora para efectos de evitar que hubiera el congelamiento de cuentas por parte de la UIF”, explicó recientemente Nieto Castillo.
Para el titular de la UIF, declarar el congelamiento como anticonstitucional va en contra de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y afecta la lucha contra el lavado de dinero, que según el mismo Nieto Castillo, alcanza 50,000 millones de dólares al año en el país.
En el 2019, se trabó en el Poder Legislativo una reforma que buscaba fortalecer congelamiento de cuentas que realiza la UIF y, además, dar facultades a la unidad para encaminar la extinción de recursos bloqueados cuando éstos no fueran reclamados, con el fin de que los activos congelados no se quedaran en el sistema financiero sino que fueran destinados a programas sociales del gobierno.