Lectura 4:00 min
Inai inauguró asamblea para discutir balance entre privacidad y libertad de expresión
La Asamblea Global de Privacidad es un foro que reúne a 130 autoridades de protección de datos personales y privacidad y que se fundó en 1979, con el fin sobre todo “de proteger al ser humano de los intercambios masivos de información'', dijo Acuña, quien es miembro del comité organizador de la asamblea en esta su edición 43.
“La información confidencial es la sangre que irriga las arterias del mundo digital”, así inauguró el comisionado del Inai, Javier Acuña Llamas, la Asamblea Global de Privacidad 2021, que en esta edición le tocó organizar al órgano del Estado mexicano garante de la transparencia, la privacidad y la protección de datos personales.
La Asamblea Global de Privacidad es un foro que reúne a 130 autoridades de protección de datos personales y privacidad y que se fundó en 1979, con el fin sobre todo “de proteger al ser humano de los intercambios masivos de información'', dijo Acuña, quien es miembro del comité organizador de la asamblea en esta su edición 43.
Entre los patrocinadores de esta asamblea se encuentran las grandes transnacionales tecnológicas Google, Facebook, Amazon, Apple, Twitter y Microsoft, cuyos representantes estarán presentes en las diferentes mesas de la asamblea y que se han visto, en repetidas ocasiones, en medio de controversias debido a las dudas que genera el tratamiento que dan a los datos personales de sus usuarios.
La comisionada del Inai, Josefina Román, organizadora también de la asamblea, dijo que, “con algunas excepciones positivas, la sobrerregulación de la industria de la tecnología, si bien se ha enfocado a combatir problemas genuinos como el acoso en línea y las prácticas manipuladoras del mercado, también ha puesto en riesgo la protección de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad”.
Añadió que “una democracia requiere de leyes e instituciones que protejan a las personas contra la acumulación de información personal en manos de unos pocos, ya sea el gobierno o en el sector privado”, como puede ser el caso de las compañías tecnológicas y de redes sociales. La comisionada se refirió a buscar el punto medio entre la protección de la privacidad de las personas sin poner en riesgo su derecho a la libertad de expresión.
Román dijo que ante fenómenos como la vigilancia masiva a través de tecnologías de reconocimiento facial, el análisis de metadatos, así como el incremento de los volúmenes de datos personales almacenados y procesados por particulares implica que las autoridades encargadas de garantizar la protección de datos personales y la privacidad, que en el caso de México es el Inai, enfrenten nuevos y complejos desafíos.
Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, aseguró que la pandemia ha demostrado que el acceso y el intercambio de datos es cada vez más crítico para fomentar el descubrimiento y las innovaciones científicas impulsadas por los datos, pero coincidió con la comisionada Román, el auge de las tecnologías como el Internet de las cosas, el reconocimiento facial, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, así como el crecimiento de las plataformas en línea han desafiado nuestra noción de privacidad y probado nuestros valores.
Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que la carrera por apropiarse de los datos personales de la población mundial está encabezada ya por las empresas más ricas, cuya principal actividad y negocio es la obtención de datos, debido a que su principal uso es la publicidad. Añadió que el objetivo de la regulación de los medios electrónicos debe estar guiado por la libertad y el respeto a la libertad de expresión y la privacidad de las personas, aunque no debe ser un nicho para la comisión de delitos.
Estuvieron presentes Didier Reynders, comisionado europeo de Justicia, Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública del gobierno del presidente López Obrador, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado; además de Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados; el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Láynez, y Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.