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Piden a SSPF explicar bloqueo de llamadas
Elena Morera informó que el problema que frena la regulación de celulares en cárceles es la corrupción de las autoridades.
En los próximos días organizaciones civiles a través de Causa Común AC, que encabeza María Elena Morera de Galindo, se reunirán con Genaro García Luna, titular de la SSPF, para conocer cómo van las acciones anticorrupción en 471 Ceresos y Ceferesos y el proyecto de inhibidores o bloqueadores de señal a celulares, para combatir la extorsión y el secuestro desde los centros penitenciarios.
La socia honoraria de México Unido contra la Delincuencia, hoy dirigente de Causa Común comentó a El Economista que la principal causa que ha hecho fracasar esas acciones anticrimen en la ciudad de México y resto del país, es la corrupción de celadores, custodios e incluso autoridades penitenciarias y carcelarias.
Actualmente, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) existen 471 penales: 7 de ellos son Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) que están bajo control de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF); 10 bajo la tutela del Gobierno del Distrito Federal; 322 en manos de los estados, y 92 en gobiernos municipales.
Los Centros de Readaptación Social (Ceresos) y Ceferesos cuentan con una población carcelaria de 231,000 reos, sujetos a proceso y sentenciados. Y según Morera de Galindo, las organizaciones que asistirán al encuentro con el Secretario desean conocer también si se ha logrado la separación entre sentenciados y los sujetos a proceso .
Porque éste es uno de los grandes problemas que fomentan la apreciación que las universidades del crimen . Son precisamente Ceresos y Ceferesos, dado que están revueltos -y no- separados. Este fue uno de los compromisos que se asumió durante el Acuerdo Nacional de Procuración, la Justicia y la Seguridad , hace casi dos años, según la luchadora social.
Viejos intentos
En el 2005, el Gobierno del Distrito Federal colocó un inhibidor de señal de tecnología israelí en el Reclusorio Norte a un costo de 5 millones de pesos; sin embargo, el dispositivo fracasó porque afectó las líneas telefónicas de varias colonias a la redonda que protestaron.
Morera de Galindo dijo desconocer los aparatos. Me mostraron en alguna ocasión uno, pero no en el reclusorio, prisión, penitenciaria o centro federal , por eso el encuentro próximo con la SSPF podría develar algunos aspectos de la tecnología que se utilizará, agregó.
Esto después que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal informó que invertiría 600 millones de pesos para la adquisición de esos equipos, para colocar en Ceresos y Ceferesos del Distrito Federal, Estado de México, Chihuahua, Baja California, Jalisco y Nuevo León, donde se ha identificado la mayor labor criminal de extorsión y secuestros.
En la capital del país se prevé instalar en Santa Martha Acátitla y los reclusorios: Sur, Oriente y Norte, para luego llegar a 78 de las 471 prisiones existentes, según la Subsecretaria Penitenciaria.
rtorres@eleconomista.com.mx