A punto de concretarse la ampliación del precio único del libro

La tarde del martes, de manera unánime, el pleno de la Cámara de Diputados finalmente aprobó la minuta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en materia de precio único.

Del proyecto destacan dos aspectos fundamentales. El primero es la ampliación de la vigencia del precio único de los libros de 18 meses —como establece la ley actual— a 36 —como se pondera en la iniciativa—, esto con el objetivo de fortalecer el equilibrio de condiciones para el comercio de los libros en el país y reducir la brecha de competencia entre las grandes cadenas de librerías y los pequeños negocios.

El segundo aspecto a destacar de esta iniciativa es la inclusión en la ley de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como una de las autoridades encargadas de su aplicación, además de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, y los gobiernos de los estados, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México.

Adicionalmente, en el artículo 28 se especifica: “Corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor proteger y vigilar la distribución y comercialización de libros en los términos de la presente Ley o, en su caso, aplicar las medidas necesarias y las sanciones correspondientes que garanticen su cumplimiento conforme a las disposiciones aplicables”.

De manera complementaria, en el artículo 11 se designa a la Secretaría de Cultura federal como responsable de elaborar y administrar el registro del precio único en el libro a partir de la información proporcionada por los editores e importadores.

En el artículo 23 se precisa que, de manera previa a la puesta en venta, los editores e importadores deberán registrar el precio único de sus materiales junto con la información básica de cada uno y esta quedará registrada en la base de datos de la Secretaría de Cultura, misma que deberá estar disponible para consulta pública.

La luz al final del túnel

La ampliación a la vigencia del precio único de 18 a 36 meses es una política pública que se estancó en el Legislativo desde 2019 pese a que, durante los estragos de la pandemia, su promoción se consideró más que pertinente, sobre todo por parte de los libreros de barrio que comenzaron a tener números rojos.

De acuerdo con la Red de Librerías Independientes (RELI), entre 2020 y 2021, los años más ásperos de la emergencia sanitaria, 70% de las librerías afiliadas se vieron obligadas a cerrar sus puntos de venta físicos por largo tiempo y/o a ver interrumpido el surtido de novedades editoriales por falta de liquidez.

En aquel atolladero, el gremio editorial insistió a los legisladores sobre la urgencia de echar a andar políticas públicas como la tasa cero en el IVA para librerías —aún sin prosperar— y también para dar luz verde a la ampliación de precio único del libro, la cual, si bien no hubiera sido una medida paliativa inmediata, sí pudo ser una señal de interés por parte del Legislativo hacia los libreros en crisis y un paso firme en la progresividad de los derechos de los lectores y de las librerías para competir en el mercado bajo condiciones más equitativas.

Es hasta ahora que hay buenos indicios para la aprobación de las reformas a la Ley del Libro en materia de precio único, dado que la iniciativa se aprobó en la Cámara de Diputados prácticamente como llegó desde el Senado, la cámara de origen, pero fue devuelta por la adición de un artículo transitorio donde, en resumen, se establece que las obligaciones que se generen a partir de la entrada en vigor del decreto deberán sujetarse a los ejercicios fiscales vigentes y bajo ningún supuesto se autorizarán recursos adicionales.

Un obstáculo para una próxima aprobación de dichos cambios a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro podría ser el calendario legislativo, dado que el actual periodo ordinario de sesiones concluirá el próximo 27 de abril, en menos de un mes, y el siguiente comenzará en septiembre próximo.

Celebra la Caniem 

Después de la votación unánime en la Cámara de Diputados, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), se pronunció:

“La aprobación de esta reforma representa un gran avance en las políticas públicas de cultura y fomento a la lectura ya que al extender la vigencia del precio único de los libros, pasando de 18 a 36 meses y al ampliar sus beneficios a la lectura digital, se impulsa la competitividad en igualdad de condiciones y oportunidades para las pequeñas editoriales y librerías de barrio con un mercado más abierto, justo y accesible; posicionando así al país a la vanguardia en el plano internacional con países como España, Francia, Alemania, Chile, Brasil y Japón, que desde hace años han adoptado medidas similares a las aprobadas hoy por la Cámara de Diputados”.

Cómo quedó la redacción del artículo:

“Artículo 26. – El precio único de venta al público tendrá una vigencia de treinta y seis meses contados a partir de la fecha de impresión o reimpresión consignada en el colofón o en el pedimiento de importación. Se exceptúa de lo anterior a los libros impresos antiguos, usados, descatalogados, agotados o artesanales. En tanto un libro impreso en papel esté sujeto al régimen de precio único, su versión electrónica equivalente estará sujeta a las mismas disposiciones”.

Consulte aquí la versión aprobada por el pleno en San Lázaro

ricardo.quiroga@eleconomista.mx

kg